/ miércoles 11 de agosto de 2021

Acceso a la información para un periodismo libre y seguro

Uno de los termómetros democráticos consiste en la presunción comprobable de las libertades informativas. La muerte violenta de periodistas en México (asesinados por hacer su deber) es un dato inquietante. Por esa razón, es urgente la máxima difusión del seguimiento de las investigaciones que se deben efectuar por cada caso. Esa información importa demasiado y hacerla pública debe servir para urgir a los fiscales a proseguir con las indagatorias para llevar a juicio a los responsables.

Me permito recordar un caso dramático como todos los asesinatos y además inaclarado. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer la versión pública de la carpeta de investigación AP/34/FEADLE/2012 y sus anexos, declaraciones de detenidos y no detenidos, así como cualquier otro documento relacionado con el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, ocurrido en Xalapa, Veracruz, hace más de 9 años.

La FGR reservó la información argumentando que la averiguación previa requerida es una investigación abierta, motivo por el cual dar a conocer lo solicitado agudizaría riesgos en la presunción de inocencia y en el debido proceso.

Sin embargo, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la FGR y le instruyó entregar versión pública de la carpeta de investigación AP/34/FEADLE/2012 y sus anexos, declaraciones de detenidos y no detenidos, así como cualquier otro documento relacionado con el caso del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, ocurrido en Xalapa, Veracruz.

En una democracia, el conjunto de libertades informativas han de ser efectivas frente a cualquier intención de censura o acción de los gobiernos que, históricamente y aun los gobiernos que se profesan democráticos, son alérgicos a la crítica. Pero frente a los cobardes crímenes de periodistas en la última década, la intolerancia a la información que revela conductas indebidas e incluye agrupaciones delincuenciales del “narcotráfico”.

Eso se suma a la histórica ecuación que ubica como potenciales verdugos del periodismo a los políticos y funcionarios o servidores públicos, que encarnan el Estado y sus instituciones y dependencias y asociaciones políticas o partidos, a los gremios religiosos, empresariales y sindicales.

La libertad de expresión y la libertad de prensa o difusión de la noticia por agencias externas al gobierno, son la base para que la libertad de disentir sea la regla de la convivencia, el formidable derecho a discrepar respecto de terceros que a su vez ejercen su derecho a manifestar su opinión por medios abiertos o públicos, sin que diferir implique consecuencias y menos irreversibles.

La persecución y hostigamiento de periodistas, en la última década, ha puesto a México como el destino más peligroso para ejercer el periodismo, y dentro de esas macabras estadísticas es indudable que, una parte importante de casos se asocian a la reacción violenta del crimen organizado; sin embargo, corresponde al Estado y sus autoridades garantizar el orden público aun frente a los poderosos cárteles.

Francisco Acuña Llamas

Comisionado del INAI

Uno de los termómetros democráticos consiste en la presunción comprobable de las libertades informativas. La muerte violenta de periodistas en México (asesinados por hacer su deber) es un dato inquietante. Por esa razón, es urgente la máxima difusión del seguimiento de las investigaciones que se deben efectuar por cada caso. Esa información importa demasiado y hacerla pública debe servir para urgir a los fiscales a proseguir con las indagatorias para llevar a juicio a los responsables.

Me permito recordar un caso dramático como todos los asesinatos y además inaclarado. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer la versión pública de la carpeta de investigación AP/34/FEADLE/2012 y sus anexos, declaraciones de detenidos y no detenidos, así como cualquier otro documento relacionado con el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, ocurrido en Xalapa, Veracruz, hace más de 9 años.

La FGR reservó la información argumentando que la averiguación previa requerida es una investigación abierta, motivo por el cual dar a conocer lo solicitado agudizaría riesgos en la presunción de inocencia y en el debido proceso.

Sin embargo, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la FGR y le instruyó entregar versión pública de la carpeta de investigación AP/34/FEADLE/2012 y sus anexos, declaraciones de detenidos y no detenidos, así como cualquier otro documento relacionado con el caso del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, ocurrido en Xalapa, Veracruz.

En una democracia, el conjunto de libertades informativas han de ser efectivas frente a cualquier intención de censura o acción de los gobiernos que, históricamente y aun los gobiernos que se profesan democráticos, son alérgicos a la crítica. Pero frente a los cobardes crímenes de periodistas en la última década, la intolerancia a la información que revela conductas indebidas e incluye agrupaciones delincuenciales del “narcotráfico”.

Eso se suma a la histórica ecuación que ubica como potenciales verdugos del periodismo a los políticos y funcionarios o servidores públicos, que encarnan el Estado y sus instituciones y dependencias y asociaciones políticas o partidos, a los gremios religiosos, empresariales y sindicales.

La libertad de expresión y la libertad de prensa o difusión de la noticia por agencias externas al gobierno, son la base para que la libertad de disentir sea la regla de la convivencia, el formidable derecho a discrepar respecto de terceros que a su vez ejercen su derecho a manifestar su opinión por medios abiertos o públicos, sin que diferir implique consecuencias y menos irreversibles.

La persecución y hostigamiento de periodistas, en la última década, ha puesto a México como el destino más peligroso para ejercer el periodismo, y dentro de esas macabras estadísticas es indudable que, una parte importante de casos se asocian a la reacción violenta del crimen organizado; sin embargo, corresponde al Estado y sus autoridades garantizar el orden público aun frente a los poderosos cárteles.

Francisco Acuña Llamas

Comisionado del INAI