El caso Lozoya se ha convertido en un tema trascendental, no sólo por ser el primero relacionado con Odebrecht, sino porque además constituye un parteaguas en la vida pública mexicana. Atrás queda el viejo régimen caracterizado por la impunidad y la corrupción y se instala la nueva forma de hacer política, una a partir de la cual se reivindica la función pública al servicio de la población.
Durante varias décadas, la corrupción se posicionó como un fenómeno con acelerado crecimiento en México, provocando que las políticas públicas implementadas se enfocaran en generar beneficios a un pequeño grupo, en detrimento de millones de mexicanas y mexicanos, agudizando la desigualdad social. A pesar de que se conocía a fondo a los autores de dichas prácticas, nunca fueron castigados, pues existía un pacto de impunidad.
Fue hasta 2018, en un acontecimiento democrático sin precedentes, que se marcó el fin de esa etapa turbia e inició la consolidación de los pilares de una nueva, señalando un rumbo distinto que trascenderá hasta las nuevas generaciones. Esto ha traído cambios de fondo; entre los más importantes está el combate a la corrupción y la impunidad.
Prueba clara de ello es, por ejemplo, que diversos funcionarios de gobiernos pasados, tanto a nivel federal como estatal, se encuentran ahora bajo procesos penales, algunos incluso buscados en el extranjero. Personajes como Genaro García Luna, Alonso Ancira, Juan Collado y Rosario Robles hoy están siendo responsabilizados por los presuntos actos irregulares en los que incurrieron.
El caso quizá más emblemático de estos últimos años es el de Emilio Lozoya, capturado en España y extraditado para enfrentar un proceso penal por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.
Lozoya ha decidido cooperar con la Fiscalía General de la República en calidad de “Testigo Colaborador”; figura -regulada por Ley Federal- que se relaciona con los llamados criterios de oportunidad, lo que significa que, según la importancia de la información aportada, la Fiscalía podrá reducir algunas penas que se le adjudican o acelerar su proceso.
La colaboración de Lozoya, a través de su de testimonio y otras pruebas, puede ser fundamental para investigar, procesar y, en su caso, sentenciar a muchos otros funcionarios.
Sin duda, es un caso que ha generado gran expectativa en la sociedad mexicana y centrado la opinión, pero también ha puesto en alerta a los “probables implicados”, por lo que ha sido necesario garantizar la protección de la integridad personal de Lozoya, atendiendo a lo previsto en la Ley.
El mensaje es claro: el gobierno actual no tolerará de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia los pactos de la impunidad. Habrá que estar atentos al desarrollo del proceso y, además, continuar con la lucha para consolidar juntos la nueva manera de hacer política: transparente y con vocación de servicio.
