El Gobierno de la República abre nuevo frente de conflicto contra empresarios, ahora por el engaño de 19 marcas dedicadas a la producción de 25 derivados lácteos por incumplir la normatividad oficial de calidad alimenticia.
De este episodio surgen las siguientes preguntas: ¿Cuántos otros productos alimenticios son engaño? ¿Desde cuánto tiempo los mexicanos consumimos productos de pésima calidad con etiqueta que dice otra cosa? ¿Además de fabricar alimentos falsificados qué hay con las cantidades señaladas en sus envases o envoltorio? ¿Qué respuestas tienen los empresarios en conjunto? ¿Politizarán su respuesta conjuntamente con grupos de presión conservadores?
Recordemos que el gobierno mexicano tiene normatividad de productos y servicios denominada Norma Oficial Mexicana (NOM), en el caso de la producción de quesos desde hace décadas ya hay varias publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, entre ellas la NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018 “Queso-Denominación, especificaciones, Información comercial y métodos de prueba” (ver https://cjaduanero.com/cjablog/wp-content/uploads/2019/01/NOM-223.pdf). Todo fabricante de cualquier producto o que comercialice derivados lácteos debe, por ley, apegarse a la NOM específica a su elaboración y mercantilización, por ende no debe existir desconocimiento empresarial de esas 19 marcas sobre la normatividad para la fabricación y comercialización, en caso de argumentar desconocimiento de la NOM las sanciones deben ser más drásticas.
Más allá de la preferencia electoral o más aún de la ideología de cada quien, es correcto y loable que ahora exista la exigencia de cumplir la calidad de alimentos que consumimos los mexicanos sobre todo nuestra niñez, adultos, pues quizá usted lector o lectora coincida que “con la salud no se juega“, como tampoco con la confianza que el consumidor tiene a determinada marca o fabricante de que nos vende calidad y cantidad especificadas. Es una medida gubernamental correcta, pese a que la Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) la considere como “infundada e irresponsable” o que las empresas involucradas en el engaño rechacen la suspensión que les impone la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). La respuesta empresarial es normal y lógica pero también la acción gubernamental también es normal y lógica. De ahí la importancia de entablar una mesa de diálogo gobierno-fabricantes de lácteos involucrados y llegar a acuerdos en un contexto de libre comercio pero con responsabilidad social bajo la rectoría del Estado-Nación.
Que esta acción sirva de enseñanza a todo el sector empresarial tanto nacional como extranjero que al pueblo de México ya no debe engañársele.
