/ domingo 23 de enero de 2022

Bajo fuego

Los absurdos de la vida plasmados en una escena: injusticia, dolor, impotencia, fragilidad, orfandad, rabia. La imagen circuló en redes sociales. Se observan policías municipales de Fresnillo haciendo guardia de honor a uno de sus tres compañeros asesinados el pasado 11 de enero. Al centro, el féretro blanco mientras un niño o niña de dos o tres años de edad toca el retrato del policía caído. Conjugada en esa instantánea la inocencia y la tragedia.

Ocho policías ultimados en lo que va del primer mes del 2022. Zacatecas ocupa el tercer lugar en muertes violentas de uniformados sólo por debajo de Guanajuato y el Estado de México. En la narrativa de la desgracia, Fresnillo se posiciona en el primer lugar como el municipio más inseguro del país de acuerdo a la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. Cuerpos policiales amedrentados y atacados por el crimen organizado, en otras palabras, la desgracia de una sociedad frente al desamparo.

Podemos explicar el origen y los efectos de tan virulenta y explosiva violencia, pero no hemos sabido cómo combatirla. Y en estas circunstancias, el grave problema de la inseguridad continúa afectando la vida del pueblo zacatecano y otras regiones de México. El tejido social deteriorado en la normalización cotidiana de escenarios de sangre.

Diversas especulaciones y teorías sobre el ataque a los cuerpos policiacos como la infiltración del crimen organizado. Lo inobjetable es que las instituciones de seguridad pública son vulnerables y ante la indefensión de quienes están encargados de garantizar la paz y seguridad se requiere de manera urgente mejor adiestramiento, capacitación, equipamiento y recursos para su protección y contención de células delictivas en base a una estrategia y políticas de seguridad contundentes.

Ante los hechos lamentables, habrá que pedir justicia y reparación del daño para las víctimas de los uniformados caídos como apoyo psicológico profesional para la protección de su salud mental, así como el acceso a programas sociales y becas escolares para garantizar la continuidad de sus hijos en los distintos niveles de la educación pública obligatoria, ello a través de planes enfocados a la restitución integral de sus derechos.

No podemos aceptar que se sometan a las instituciones. No podemos tolerar que organizaciones delictivas atenten contra el orden constitucional. El primer paso para brindar la paz y la seguridad de nuestro pueblo es garantizar la labor y la profesionalización de las fuerzas de seguridad. No más agentes de seguridad bajo fuego.

Los absurdos de la vida plasmados en una escena: injusticia, dolor, impotencia, fragilidad, orfandad, rabia. La imagen circuló en redes sociales. Se observan policías municipales de Fresnillo haciendo guardia de honor a uno de sus tres compañeros asesinados el pasado 11 de enero. Al centro, el féretro blanco mientras un niño o niña de dos o tres años de edad toca el retrato del policía caído. Conjugada en esa instantánea la inocencia y la tragedia.

Ocho policías ultimados en lo que va del primer mes del 2022. Zacatecas ocupa el tercer lugar en muertes violentas de uniformados sólo por debajo de Guanajuato y el Estado de México. En la narrativa de la desgracia, Fresnillo se posiciona en el primer lugar como el municipio más inseguro del país de acuerdo a la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. Cuerpos policiales amedrentados y atacados por el crimen organizado, en otras palabras, la desgracia de una sociedad frente al desamparo.

Podemos explicar el origen y los efectos de tan virulenta y explosiva violencia, pero no hemos sabido cómo combatirla. Y en estas circunstancias, el grave problema de la inseguridad continúa afectando la vida del pueblo zacatecano y otras regiones de México. El tejido social deteriorado en la normalización cotidiana de escenarios de sangre.

Diversas especulaciones y teorías sobre el ataque a los cuerpos policiacos como la infiltración del crimen organizado. Lo inobjetable es que las instituciones de seguridad pública son vulnerables y ante la indefensión de quienes están encargados de garantizar la paz y seguridad se requiere de manera urgente mejor adiestramiento, capacitación, equipamiento y recursos para su protección y contención de células delictivas en base a una estrategia y políticas de seguridad contundentes.

Ante los hechos lamentables, habrá que pedir justicia y reparación del daño para las víctimas de los uniformados caídos como apoyo psicológico profesional para la protección de su salud mental, así como el acceso a programas sociales y becas escolares para garantizar la continuidad de sus hijos en los distintos niveles de la educación pública obligatoria, ello a través de planes enfocados a la restitución integral de sus derechos.

No podemos aceptar que se sometan a las instituciones. No podemos tolerar que organizaciones delictivas atenten contra el orden constitucional. El primer paso para brindar la paz y la seguridad de nuestro pueblo es garantizar la labor y la profesionalización de las fuerzas de seguridad. No más agentes de seguridad bajo fuego.