/ domingo 9 de febrero de 2020

Bienestar a los marginados

México de absurdos y contradicciones. Donde la opulencia de los pocos privilegiados al amparo de los gobiernos, se llenaron de excesos, orillando a la gran mayoría de la población a vivir en la pobreza.

Lo más irónico e ilógico, es que los sectores desprotegidos han sido usados como plataforma electoral para ostentar el poder.

En el emblemático Teatro de la República de Querétaro, donde se promulgó nuestra Carta Magna hace 103 años, el pasado 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los legisladores a elevar a rango constitucional los programas sociales del gobierno federal. “Va a significar el establecimiento de un auténtico estado de bienestar”.

Para edificar la Cuarta Transformación, se necesita aspirar a una sociedad equitativa. La justicia social comienza con abatir la franja de la desigualdad y la profunda disparidad. La conciencia nacional reclama el fin de los privilegios de unos cuantos.

Bajo este argumento, los programas sociales deben estar consagrados por nuestra Constitución Política.

El espíritu de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal busca que el Estado tenga un andamiaje sólido para que todos los apoyos sean para quien realmente los necesite y subsecuentemente contribuyan a una mejor calidad de vida.

Es cierto que los programas sociales han sido plataforma clientelar y electorera. En este sentido, los legisladores tendrán la obligación de impulsar una reforma de vanguardia para blindarlos y que los recursos no sean condicionados con fines políticos. A la par, se deberán tener mecanismos fiscalizadores de los presupuestos para no repetir viejas prácticas donde los recursos públicos desaparecen o se destinaban a campañas políticas.

El Nobel de Economía, Joseph Stiglitz ha reiterado que el fracaso de los sistemas políticos se debe a la desigualdad. Andrés Manuel, lo sabe. Es uno de los pocos políticos que ha recorrido cada rincón de nuestro país sumido en la pobreza.

Por eso, busca restituir la dignidad humana de los más desamparados. Hoy en día, ocho millones de adultos mayores y 790 mil personas con una discapacidad reciben una pensión bimestral; diez millones de jóvenes estudiantes y 930 mil adolescentes en riesgo de caer en las garras de la delincuencia, tienen una beca.

La mística y vocación de Andrés Manuel, es pugnar por cristalizar el bienestar de los mexicanos. Por tal motivo, los programas sociales deben ser un derecho tutelado que no dependa de la voluntad de un gobierno. De elevarlos a rango constitucional, se logrará una de las más grandes reformas de la historia contemporánea con sentido humanista.

México de absurdos y contradicciones. Donde la opulencia de los pocos privilegiados al amparo de los gobiernos, se llenaron de excesos, orillando a la gran mayoría de la población a vivir en la pobreza.

Lo más irónico e ilógico, es que los sectores desprotegidos han sido usados como plataforma electoral para ostentar el poder.

En el emblemático Teatro de la República de Querétaro, donde se promulgó nuestra Carta Magna hace 103 años, el pasado 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los legisladores a elevar a rango constitucional los programas sociales del gobierno federal. “Va a significar el establecimiento de un auténtico estado de bienestar”.

Para edificar la Cuarta Transformación, se necesita aspirar a una sociedad equitativa. La justicia social comienza con abatir la franja de la desigualdad y la profunda disparidad. La conciencia nacional reclama el fin de los privilegios de unos cuantos.

Bajo este argumento, los programas sociales deben estar consagrados por nuestra Constitución Política.

El espíritu de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal busca que el Estado tenga un andamiaje sólido para que todos los apoyos sean para quien realmente los necesite y subsecuentemente contribuyan a una mejor calidad de vida.

Es cierto que los programas sociales han sido plataforma clientelar y electorera. En este sentido, los legisladores tendrán la obligación de impulsar una reforma de vanguardia para blindarlos y que los recursos no sean condicionados con fines políticos. A la par, se deberán tener mecanismos fiscalizadores de los presupuestos para no repetir viejas prácticas donde los recursos públicos desaparecen o se destinaban a campañas políticas.

El Nobel de Economía, Joseph Stiglitz ha reiterado que el fracaso de los sistemas políticos se debe a la desigualdad. Andrés Manuel, lo sabe. Es uno de los pocos políticos que ha recorrido cada rincón de nuestro país sumido en la pobreza.

Por eso, busca restituir la dignidad humana de los más desamparados. Hoy en día, ocho millones de adultos mayores y 790 mil personas con una discapacidad reciben una pensión bimestral; diez millones de jóvenes estudiantes y 930 mil adolescentes en riesgo de caer en las garras de la delincuencia, tienen una beca.

La mística y vocación de Andrés Manuel, es pugnar por cristalizar el bienestar de los mexicanos. Por tal motivo, los programas sociales deben ser un derecho tutelado que no dependa de la voluntad de un gobierno. De elevarlos a rango constitucional, se logrará una de las más grandes reformas de la historia contemporánea con sentido humanista.