/ miércoles 28 de febrero de 2018

Constitución política valores básicos de la democracia

Es cierto que las circunstancias han cambiado, pero en buena medida eso ha sido posible porque tuvimos, en tanto que fue necesario, un Estado protector que se preocupó y ocupó del embarnecimiento de la sociedad. Así, sin que se relaje, e incluso para que adquiera nuevas dimensiones la justicia social, el Estado puede redefinir su participación en la vida nacional. Hoy puede convertirse en Estado promotor.

Reformar no es desmantelar; reformar es transferir y fortalecer. Al hacerlo, el Estado despoja de lo que era accidental para conservar lo que le resulta esencial. Topamos, sin embargo, en las limitaciones conceptuales que hacen que todavía haya quienes con cierto escepticismo se preguntan si la reforma del Estado es simplemente un intenso proceso de “privatización” que hará renacer, o que vigorizará donde ya exista, la alta capacidad concentradora de la riqueza de grupos y personas bien caracterizadas en todo el mundo.

Es verdad que esa tendencia “privatizadora” está imperando en el orbe. Igual en Holanda que en Turquía, Pakistán que en Canadá, en Venezuela que en Nigeria, en Portugal que en México, en Argentina que en Filipinas, o en Europa del Este, el proceso adquiere velocidad. En Estados Unidos mismo, a pesar de la mínima intervención estatal, se está planteando la privatización del servicio de correos y del seguro de desempleo. Pero si se estudia con rigor qué se quiere decir por “privatizar” nos encontramos que está muy lejos de suponer el control restringido de grandes inversiones por pocos inversionistas. Por el contrario, una nueva reforma de “socialización” es la que faciliten y aún propicien, las modernas sociedades mercantiles.

Pero eso no agota, al menos entre nosotros, la agenda de la reforma de Estado. El Estado promotor incide con la economía, auspiciando una mayor competencia; en la sociedad, alentando nuevas formas de solidaridad, y en la política, propiciando lo que bien puede llamarse la democratización de la democracia. El impacto de esas acciones configurarán un nuevo Estado; un Estado que no se achica por dejar de ofrecer servicios restauranteros o telefónicos, que no constituirán otra cosa que su acción periférica, sino que se consolida a través del ejercicio de responsabilidades más precisas y mejor cumplidas.

Dilucidar los alcances de esta reforma demanda un ejercicio colectivo y lo están haciendo los partidos políticos, los analistas públicos, las instituciones de educación superior, los agentes sociales de todos los sectores.

Es cierto que las circunstancias han cambiado, pero en buena medida eso ha sido posible porque tuvimos, en tanto que fue necesario, un Estado protector que se preocupó y ocupó del embarnecimiento de la sociedad. Así, sin que se relaje, e incluso para que adquiera nuevas dimensiones la justicia social, el Estado puede redefinir su participación en la vida nacional. Hoy puede convertirse en Estado promotor.

Reformar no es desmantelar; reformar es transferir y fortalecer. Al hacerlo, el Estado despoja de lo que era accidental para conservar lo que le resulta esencial. Topamos, sin embargo, en las limitaciones conceptuales que hacen que todavía haya quienes con cierto escepticismo se preguntan si la reforma del Estado es simplemente un intenso proceso de “privatización” que hará renacer, o que vigorizará donde ya exista, la alta capacidad concentradora de la riqueza de grupos y personas bien caracterizadas en todo el mundo.

Es verdad que esa tendencia “privatizadora” está imperando en el orbe. Igual en Holanda que en Turquía, Pakistán que en Canadá, en Venezuela que en Nigeria, en Portugal que en México, en Argentina que en Filipinas, o en Europa del Este, el proceso adquiere velocidad. En Estados Unidos mismo, a pesar de la mínima intervención estatal, se está planteando la privatización del servicio de correos y del seguro de desempleo. Pero si se estudia con rigor qué se quiere decir por “privatizar” nos encontramos que está muy lejos de suponer el control restringido de grandes inversiones por pocos inversionistas. Por el contrario, una nueva reforma de “socialización” es la que faciliten y aún propicien, las modernas sociedades mercantiles.

Pero eso no agota, al menos entre nosotros, la agenda de la reforma de Estado. El Estado promotor incide con la economía, auspiciando una mayor competencia; en la sociedad, alentando nuevas formas de solidaridad, y en la política, propiciando lo que bien puede llamarse la democratización de la democracia. El impacto de esas acciones configurarán un nuevo Estado; un Estado que no se achica por dejar de ofrecer servicios restauranteros o telefónicos, que no constituirán otra cosa que su acción periférica, sino que se consolida a través del ejercicio de responsabilidades más precisas y mejor cumplidas.

Dilucidar los alcances de esta reforma demanda un ejercicio colectivo y lo están haciendo los partidos políticos, los analistas públicos, las instituciones de educación superior, los agentes sociales de todos los sectores.

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