A partir de la ley electoral maderista de 1911, que estableció el sufragio universal y directo, comenzó la búsqueda del siguiente consenso: el operacional. Como dar vida a la sociedad civil y política republicana, federal, democrática y de justicia social. El debate de la no reelección se extendió hasta entrada la tercera década del siglo antepasado; la presencia de las oposiciones se discutió y se discute.
Puede decirse, acaso con razón que nuestros avances no han sido vertiginosos; pero no puede decirse, con razón, que hayamos estado parados. El método seguido no fue el más expedito, pero sí ha sido el más consistente. Hemos llegado a la culminación de un proceso que requirió inteligencia y prudencia; convicción y decisión. Y aquí estamos. Los nuevos consensos abren nuevos horizontes. Ahora solo queda trasponer el umbral del cambio, y hacerlo responsablemente.
En su origen la democracia electoral tuvo por enemigo a quienes subestimaban la capacidad decisoria de la mayoría por eso los primeros sistemas de sufragio eran altamente discriminatorios: privilegiaban la edad, la fortuna, la educación y el sexo.
El debate sobre este tema ha requerido casi dos siglos para que se generalice –aunque subsisten algunos resabios antifeministas- el sufragio universal, libre, secreto y directo como el mejor procedimiento para la designación de los titulares de los órganos del poder.
Pero sí no hay dudas en cuanto a la idoneidad del sufragio como instrumento de la democracia, todavía se debate en cuanto a la mejor forma de contar los votos. De ahí la multiplicidad de sistemas electorales vigentes en el mundo ninguno de los cuales carece de ventajas, aunque haya alguno reputado como perfecto.
Uno de los varios problemas que los sistemas electorales no han resuelto, es que con frecuencia la disputa del voto implica una fuerte polarización de los ánimos. De manera general puede decirse, sin embargo, que entre mayor es la madurez y responsabilidad de los partidos que intervienen en los procesos, menores son los riesgos de convertir las diferencias en pugnas. A este aspecto cabe distinguir entre el precepto y la conducta: un precepto normativo técnicamente inobjetable de poco sirve si la conducta supuestamente regulada distorsiona su contenido.
En el orden institucional mexicano son novedades importantes la presencia y actuación de órganos que garantizan la imparcialidad en la preparación, verificación, y calificación de las elecciones; la configuración de un nuevo padrón; la presencia de un sistema jurisdiccional en cuya composición intervienen todos los partidos, y la diferenciación entre los actos de gobierno y los actos de proselitismo.
El sistema electoral mexicano, además, ha hecho frente a un problema esencial de la democracia representativa: la asignación de posiciones en el Congreso de una manera tal que refleje la composición de las fuerzas políticas que actúan en la sociedad. (Continuará).
