La propuesta del presidente de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar sobre agregar facultades al INEGI para que este pueda irrumpir dentro de las viviendas para verificar los bienes de cada persona, y además de poder acceder a los datos fiscales y bancarios para conocerlos de manera mas exacta, no solo vulnera la privacidad de los ciudadanos sino también los pone en situación de peligro ante la inseguridad que existe en nuestro país, ninguna nación democrática en el mundo ha implementado semejante ocurrencia.
La desigualdad de la riqueza en nuestro país no se resolverá si permitimos que se escudriñen los bienes de las personas, esa desigualdad existe por las políticas fallidas de los gobiernos en la implementación de acciones que fomenten la oportunidad de todos los ciudadanos a acceder a un bienestar social derivado de ingresos, educación y buenos empleos, la idea de pensar en quitar a unos para darles a otros para nada es viable, pues son remedios de cortísimo plazo.
Juristas de la UNAM consideraron esta medida como desatinada y exenta de toda legalidad, el jurista Diego Valadés comento lo siguiente: “Si la Constitución fuera reformada en el sentido que se propone, el Estado mexicano se convertiría en un Estado policial. Prefiero creer que esa propuesta es solo un error impremeditado, y no que se trata de un proyecto para substituir la democracia en México”.
La función de los legisladores debe ser en el sentido de buscar un bien común, no abusar de sus facultades para reformar leyes de manera irracional, la ideología de cada legislador no debe de aplicarse cuando se trata de preservar derechos y garantías plasmadas en nuestra constitución y en la Carta Magna de Derechos Humanos, el Estado debe preservar lo que esta plasmado en estos ordenamientos y nunca permitir la violación de los referido.
Se supone que en un gobierno de izquierda se busca preservar el estado de derecho de las personas no importando su condición económica, no se trata de quitar al que más tiene para dárselo al que menos tiene, y convertir al estado en una especie de “Robin Hood”, eso seria violar de los derechos de unos en pro de los de otros.
No es viable una reforma a la Constitución (artículo 26 apartado A) para agregar o cambiar las facultades del INEGI, ni la propia Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía soportarían una propuesta de esta naturaleza, para convertir al INEGI en un órgano fiscal que supervise la riqueza de los individuos.
Quienes legislan deben de trabajar con reformas que promuevan el avance en nuestro país y conservar el estado de derecho de las personas, además de guardar el estado democrático, basta ya de ocurrencias surgidas de un mal sueño. Para reflexionar.
