Pobreza y desigualdad
Especialistas internacionales se pronunciaron porque en México se emprendan las acciones legislativas que den paso a políticas públicas que permitan reducir la brecha de desigualdad entre municipios, durante la presentación del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2017: “No dejar a ningún territorio atrás”, elaborado por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, convocada por el Instituto Belisario Domínguez (IBD).
Se reconoció la urgencia de generar una agenda para la construcción de políticas públicas, que permitan revertir las brechas en la atención de temas fundamentales para el desarrollo, como salud, educación y generación de empleo.
Hay preocupación en temas de salud, pues entre 2005 y 2015, en el país aumentaron los casos de mortalidad infantil en más de 520 municipios del país, lo cual es un tema de interés nacional.
En representación del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, se consideró que otro de los temas de gran preocupación, es el incremento homogéneo en todo el país de los menores de edad que no estudian ni trabajan, el cual pasó de 25 a 33.6 por ciento.
El aumento de los jóvenes denominados “ninis” en todos los estados y municipios, apuntó, pone en evidencia que este fenómeno no tiene que ver con el aspecto territorial, sino con la falta de éxito de los programas de las instituciones.
El Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2017 señala que México enfrenta el desafío de aumentar el personal de salud de alta especialización, pues sólo 57 por ciento de los municipios de todo el país, con datos disponibles, registran aumento del número de médicos por habitante entre el 2009 y el 2015.
En materia de condiciones laborales, el promedio de la brecha de diferencia mujeres y hombres aumentó, entre el 2006 y el 2014, de 2.1 a 2.2 veces, acompañado de una reducción de la tasa promedio en la participación de la población femenina.
La meta de CMIC
El año pasado la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) no logró su objetivo de que todas sus empresas afiliadas recibieran por lo menos un contrato de obra pública.
A pesar de ello, el presidente de la organización empresarial, Jorge Eduardo Hiriartt Franco confía en que el 2018 sea un mejor año para los cientos de constructores que integran la cámara, con base en un reparte justo y equitativo de los proyectos.
Hasta el mes de mayo se habían ya licitado alrededor de 1 mil 50 millones de pesos en obra pública estatal y federal. Hasta entonces el 44 por ciento de las empresas afiliadas habían recibido al menos un contrato gubernamental de diciembre a la fecha.
Se espera que antes de concluir el ejercicio, en la entidad se ejerzan 3 mil 500 millones de pesos en obra pública, ello según lo que el gobernador, Alejandro Tello anunció durante la ceremonia oficial por el día de la Santa Cruz.
Cabe destacar que la mayor parte de los más de mil millones licitados son de procedencia federal, ejercidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia que está por cerrar su presupuesto anual.
