/ miércoles 18 de julio de 2018

Coordenadas políticas

Ley del Infonavit

Se propuso derogar el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, ya que "viola el carácter de utilidad social de los créditos otorgados a los empleados, al autorizar que transcurridos diez años del derecho a recibir los recursos de subcuenta de vivienda, éstos pasen a ser parte de dicho Fondo".

Se trata de una expropiación injusta que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ejerce contra los empleados o, en su caso, contra sus beneficiarios porque en la mayoría de los casos la gente no está informada del tiempo con que cuenta para retirar esos recursos.

"Es una acción abusiva, no hay razón alguna que sustente tal acto porque no se respeta la seguridad social a la que tienen derecho los trabajadores".

Estos recursos deberían ser permanentes porque son producto de los ahorros logrados por los trabajadores durante su vida laboral o, en dado caso, sólo deben pasar a manos del Infonavit cuando el asegurado muera y éste no tenga beneficiario a quien heredárselos.

Si la redacción del artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores permanece como hasta ahora, se estará solapando el abuso de autoridad y la más clara expresión y prueba fiel del descaro y arbitrariedad bajo la complicidad del gobierno, lo que es inaceptable.

Las prestaciones sociales que el Estado otorga a su población, no son una dádiva o una regalía; se trata de un derecho fundamental y una de las más grandes responsabilidades, insoslayable para cualquier gobierno.

La Constitución Política pone especial énfasis en que los créditos otorgados a los trabajadores, a través de los recursos del Infonavit, deben tener carácter de "utilidad social, y en ningún momento perseguirán fines de lucro. Sin embargo, el artículo 37 de la Ley en mención, autoriza que después de una década los recursos de la subcuenta de vivienda pasen a ser parte del mismo Fondo".

Mercado gastronómico

Se construirá un mercado gastronómico en lo que durante casi cuatro décadas fue el popular mercado San Francisco.

Fue el Secretario de Infraestructura, Jorge Luis Pedroza, quien confirmó la publicación de la licitación correspondiente a este proyecto que fue gestionado por la presidenta, Judit Guerrero.

Fue motivo de polémica que a inicios de junio, el ayuntamiento dio comienzo con el desalojo del mercado que se ubica en la calle Segunda de Matamoros, de Centro Histórico.

El mercado está conectado con el pasaje artesanal cuyo acceso principal se encuentra frente al museo Rafael Coronel, y el cual también se encuentra en el abandono y cerrado con candado.

Los tres comerciantes que permanecían en el lugar expresaron su temor de quedarse sin el que había sido su medio de sustento desde hace más de 20 años.

Entonces Luis Alberto Díaz Leaños, representante de los comerciantes denunció que sin presentar documento alguno, funcionarios del ayuntamiento prepotentemente ya amenazaron con sacarlos.

Al día siguiente de que inició el desalojo, la presidenta municipal declaró que las personas que allí ejercían actividad comercial carecen de autorización alguna.


Ley del Infonavit

Se propuso derogar el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, ya que "viola el carácter de utilidad social de los créditos otorgados a los empleados, al autorizar que transcurridos diez años del derecho a recibir los recursos de subcuenta de vivienda, éstos pasen a ser parte de dicho Fondo".

Se trata de una expropiación injusta que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ejerce contra los empleados o, en su caso, contra sus beneficiarios porque en la mayoría de los casos la gente no está informada del tiempo con que cuenta para retirar esos recursos.

"Es una acción abusiva, no hay razón alguna que sustente tal acto porque no se respeta la seguridad social a la que tienen derecho los trabajadores".

Estos recursos deberían ser permanentes porque son producto de los ahorros logrados por los trabajadores durante su vida laboral o, en dado caso, sólo deben pasar a manos del Infonavit cuando el asegurado muera y éste no tenga beneficiario a quien heredárselos.

Si la redacción del artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores permanece como hasta ahora, se estará solapando el abuso de autoridad y la más clara expresión y prueba fiel del descaro y arbitrariedad bajo la complicidad del gobierno, lo que es inaceptable.

Las prestaciones sociales que el Estado otorga a su población, no son una dádiva o una regalía; se trata de un derecho fundamental y una de las más grandes responsabilidades, insoslayable para cualquier gobierno.

La Constitución Política pone especial énfasis en que los créditos otorgados a los trabajadores, a través de los recursos del Infonavit, deben tener carácter de "utilidad social, y en ningún momento perseguirán fines de lucro. Sin embargo, el artículo 37 de la Ley en mención, autoriza que después de una década los recursos de la subcuenta de vivienda pasen a ser parte del mismo Fondo".

Mercado gastronómico

Se construirá un mercado gastronómico en lo que durante casi cuatro décadas fue el popular mercado San Francisco.

Fue el Secretario de Infraestructura, Jorge Luis Pedroza, quien confirmó la publicación de la licitación correspondiente a este proyecto que fue gestionado por la presidenta, Judit Guerrero.

Fue motivo de polémica que a inicios de junio, el ayuntamiento dio comienzo con el desalojo del mercado que se ubica en la calle Segunda de Matamoros, de Centro Histórico.

El mercado está conectado con el pasaje artesanal cuyo acceso principal se encuentra frente al museo Rafael Coronel, y el cual también se encuentra en el abandono y cerrado con candado.

Los tres comerciantes que permanecían en el lugar expresaron su temor de quedarse sin el que había sido su medio de sustento desde hace más de 20 años.

Entonces Luis Alberto Díaz Leaños, representante de los comerciantes denunció que sin presentar documento alguno, funcionarios del ayuntamiento prepotentemente ya amenazaron con sacarlos.

Al día siguiente de que inició el desalojo, la presidenta municipal declaró que las personas que allí ejercían actividad comercial carecen de autorización alguna.