/ lunes 11 de febrero de 2019

Coordenadas políticas

Daño psicológico o físico

La violencia contra la niñez, es una problemática que requiere atención urgente por parte del gobierno y de la sociedad; porque en México, seis de cada 10 menores de uno a 14 años de edad han experimentado, al menos, algún daño psicológico o físico causado por integrantes de su familia.

Por ello, a través de reformas a los artículos 4, 83 y 86 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, busca prevenir y erradicar la violencia contra la infancia, al establecer como agresión toda forma de prejuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente y malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

Se plantea que los menores tengan acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y cualquier otra necesaria, de acuerdo con las características del caso, a fin de salvaguardar sus derechos. Además, emitir medidas de protección urgentes o cautelares que eviten posibles daños a su integridad personal.

En 2014, alrededor de 23 mil adolescentes de entre 12 y 17 años, sufrieron algún tipo de agresión sexual, incluyendo acoso, tocamientos y actos sexuales no consentidos, y entre 2011 y 2015, fueron asesinados cada día, en promedio, tres menores de entre 0 y 17 años.

El Índice de los Derechos de la Niñez y Adolescencia Mexicana del UNICEF México y de su Consejo Consultivo para el rango comprendido entre los 12 y 17 años de edad, muestra preocupantes datos de muertes violentas, especialmente de adolescentes varones.

Con el documento, enviado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, se busca establecer que las autoridades de los tres órdenes de gobierno que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo, deberán: ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, niños o adolescentes durante los procedimientos de conformidad con los principios de autonomía progresiva y celeridad procesal.

También tendrán que realizar de forma oficiosa y asequible, las pruebas psicológicas y de entorno social para garantizar la prevención y protección adecuada de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

Siguen negociaciones UAZ-ISSSTE

Sin avances concretos sigue la negociación de la deuda de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) con las nuevas autoridades nacionales del ISSSTE.

La etapa que desde hace más de un año ha estado en “stand by” es la de actualizar la cifra del pasivo.

Recientemente Javier Alberto Torres Cardona, delegado del Instituto en Zacatecas informó que se espera la confirmación de una nueva reunión a realizarse entre el rector, Antonio Guzmán y autoridades financieras del ISSSTE.

En entrevista explicó que el siguiente paso es revisar la deuda que se fue acumulando por la omisión de las cuotas obrero-patronales.

El funcionario recordó que hasta el último corte hecho el año anterior, la deuda ascendía a 836 millones de pesos, cifra que ya podría haber crecido.

Señaló que la intención de la rectoría de la universidad es demostrar que la deuda es menor a la calculada debido a que presuntamente disminuyó el número de universitarios derechohabientes, lo cual automáticamente reducen las aportaciones a la que está obligada la casa de estudios.

Daño psicológico o físico

La violencia contra la niñez, es una problemática que requiere atención urgente por parte del gobierno y de la sociedad; porque en México, seis de cada 10 menores de uno a 14 años de edad han experimentado, al menos, algún daño psicológico o físico causado por integrantes de su familia.

Por ello, a través de reformas a los artículos 4, 83 y 86 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, busca prevenir y erradicar la violencia contra la infancia, al establecer como agresión toda forma de prejuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente y malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

Se plantea que los menores tengan acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y cualquier otra necesaria, de acuerdo con las características del caso, a fin de salvaguardar sus derechos. Además, emitir medidas de protección urgentes o cautelares que eviten posibles daños a su integridad personal.

En 2014, alrededor de 23 mil adolescentes de entre 12 y 17 años, sufrieron algún tipo de agresión sexual, incluyendo acoso, tocamientos y actos sexuales no consentidos, y entre 2011 y 2015, fueron asesinados cada día, en promedio, tres menores de entre 0 y 17 años.

El Índice de los Derechos de la Niñez y Adolescencia Mexicana del UNICEF México y de su Consejo Consultivo para el rango comprendido entre los 12 y 17 años de edad, muestra preocupantes datos de muertes violentas, especialmente de adolescentes varones.

Con el documento, enviado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, se busca establecer que las autoridades de los tres órdenes de gobierno que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo, deberán: ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, niños o adolescentes durante los procedimientos de conformidad con los principios de autonomía progresiva y celeridad procesal.

También tendrán que realizar de forma oficiosa y asequible, las pruebas psicológicas y de entorno social para garantizar la prevención y protección adecuada de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

Siguen negociaciones UAZ-ISSSTE

Sin avances concretos sigue la negociación de la deuda de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) con las nuevas autoridades nacionales del ISSSTE.

La etapa que desde hace más de un año ha estado en “stand by” es la de actualizar la cifra del pasivo.

Recientemente Javier Alberto Torres Cardona, delegado del Instituto en Zacatecas informó que se espera la confirmación de una nueva reunión a realizarse entre el rector, Antonio Guzmán y autoridades financieras del ISSSTE.

En entrevista explicó que el siguiente paso es revisar la deuda que se fue acumulando por la omisión de las cuotas obrero-patronales.

El funcionario recordó que hasta el último corte hecho el año anterior, la deuda ascendía a 836 millones de pesos, cifra que ya podría haber crecido.

Señaló que la intención de la rectoría de la universidad es demostrar que la deuda es menor a la calculada debido a que presuntamente disminuyó el número de universitarios derechohabientes, lo cual automáticamente reducen las aportaciones a la que está obligada la casa de estudios.