/ lunes 18 de febrero de 2019

Coordenadas políticas

Derechos humanos

En una revisión realizada a nivel nacional, se detectaron 77 de 102 establecimientos penitenciarios que albergan mujeres privadas de su libertad, se detectaron 1 mil 085 anomalías.

Por ello, se propuso exhortar a los gobiernos estatales para que garanticen el respeto de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios del país, ante el gran problema de opresión e invisibilidad que enfrentan.

Se han detectado irregularidades como insuficiencia en los servicios; desigualdad en las áreas varonil y femenil; alimentación deficiente; maltrato; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno, cobros y privilegios; inadecuada separación y clasificación, y aplicación discrecional de sanciones disciplinarias.

De acuerdo con un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre Mujeres privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, hay irregularidades que contravienen normas nacionales e internacionales que violan los derechos humanos.

En visitas efectuadas a 77 de los 102 establecimientos penitenciarios que albergan mujeres, el total de anomalías detectadas fue de mil 85, en promedio 14 por ciento. Guerrero se identificó con el índice más alto, principalmente en los centros Regionales de Reinserción Social de Chilpancingo y Acapulco.

Es necesario aplicar medidas específicas en cumplimiento al artículo 18 constitucional, particularmente en lo relativo a la separación de la población de mujeres del varonil; protección de la salud, medidas para prevenir y evitar la violencia de género y las que tienen que ver con la atención especial a los hijos que permanezcan con ellas en los centros penitenciarios.

Es necesario lograr la correcta reinserción social de la mujer privada de su libertad; debe pasar por la reconstrucción de sus lazos familiares, con un eje de desarrollo del núcleo familiar a través del trabajo y la educación.

Deben generarse programas y apoyos de los sectores público y privado, que ofrezcan alternativas de reinserción a la sociedad a las reclusas y las dote de mayor respeto y dignidad como personas.

No hacer caso omiso de irregularidades en obras del Centro Histórico

Es importante que la administración municipal encabezada por Ulises Mejía Haro no pase por alto las irregularidades detectadas en las magnas obras de rehabilitación que se realizaron durante el año pasado en la avenida Hidalgo y en la calle Tacuba del Centro Histórico.

Recientemente los titulares del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Junta de Protección a Monumentos, informaron que la ex presidenta municipal, Judit Guerrero hizo caso omiso a las notificaciones que le fueron enviadas acerca de las irregularidades.

Acabados deficientes y materiales de mala calidad, son algunas de las principales observaciones hechas por las instituciones reguladoras.

Sin embargo, dichas obras no han sido entregadas oficialmente por las constructoras contratadas, por lo que el ayuntamiento no ha podido exigir el resarcimiento de los defectos ni hacer válida la fianza correspondiente.

El presidente municipal, Ulises Mejía Haro afirmó que mediante fiscalización permanente, se están tomando las precauciones para evitar los mismos problemas en los proyectos que se ejecutan actualmente en el Centro Histórico.

Derechos humanos

En una revisión realizada a nivel nacional, se detectaron 77 de 102 establecimientos penitenciarios que albergan mujeres privadas de su libertad, se detectaron 1 mil 085 anomalías.

Por ello, se propuso exhortar a los gobiernos estatales para que garanticen el respeto de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios del país, ante el gran problema de opresión e invisibilidad que enfrentan.

Se han detectado irregularidades como insuficiencia en los servicios; desigualdad en las áreas varonil y femenil; alimentación deficiente; maltrato; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno, cobros y privilegios; inadecuada separación y clasificación, y aplicación discrecional de sanciones disciplinarias.

De acuerdo con un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre Mujeres privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, hay irregularidades que contravienen normas nacionales e internacionales que violan los derechos humanos.

En visitas efectuadas a 77 de los 102 establecimientos penitenciarios que albergan mujeres, el total de anomalías detectadas fue de mil 85, en promedio 14 por ciento. Guerrero se identificó con el índice más alto, principalmente en los centros Regionales de Reinserción Social de Chilpancingo y Acapulco.

Es necesario aplicar medidas específicas en cumplimiento al artículo 18 constitucional, particularmente en lo relativo a la separación de la población de mujeres del varonil; protección de la salud, medidas para prevenir y evitar la violencia de género y las que tienen que ver con la atención especial a los hijos que permanezcan con ellas en los centros penitenciarios.

Es necesario lograr la correcta reinserción social de la mujer privada de su libertad; debe pasar por la reconstrucción de sus lazos familiares, con un eje de desarrollo del núcleo familiar a través del trabajo y la educación.

Deben generarse programas y apoyos de los sectores público y privado, que ofrezcan alternativas de reinserción a la sociedad a las reclusas y las dote de mayor respeto y dignidad como personas.

No hacer caso omiso de irregularidades en obras del Centro Histórico

Es importante que la administración municipal encabezada por Ulises Mejía Haro no pase por alto las irregularidades detectadas en las magnas obras de rehabilitación que se realizaron durante el año pasado en la avenida Hidalgo y en la calle Tacuba del Centro Histórico.

Recientemente los titulares del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Junta de Protección a Monumentos, informaron que la ex presidenta municipal, Judit Guerrero hizo caso omiso a las notificaciones que le fueron enviadas acerca de las irregularidades.

Acabados deficientes y materiales de mala calidad, son algunas de las principales observaciones hechas por las instituciones reguladoras.

Sin embargo, dichas obras no han sido entregadas oficialmente por las constructoras contratadas, por lo que el ayuntamiento no ha podido exigir el resarcimiento de los defectos ni hacer válida la fianza correspondiente.

El presidente municipal, Ulises Mejía Haro afirmó que mediante fiscalización permanente, se están tomando las precauciones para evitar los mismos problemas en los proyectos que se ejecutan actualmente en el Centro Histórico.