Dos nuevos escándalos de corrupción salen a la luz pública. El primero es relativo al pago estratosférico de 635 millones de dólares realizado por Pemex en la compra de la empresa chatarra Fertinal. Además de estar implicado el ex director de la paraestatal Emilio Lozoya Austin, nuevas revelaciones apuntan a la complicidad del expresidente Enrique Peña Nieto.
El segundo caso es la transferencia realizada por Odebrecht a empresas fantasmas y despachos en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz por 13 millones de dólares de acuerdo a una investigación internacional bancaria. A la anterior cifra, hay que sumar el famoso soborno de 10.6 millones de dólares que pagó el consorcio brasileño a Lozoya Austin y otros funcionarios entre el 2012 y 2014.
Los anteriores ejemplos explican el entramado de la corrupción en México, estructurado en base a triquiñuelas, compadrazgos, clientelismo, compra de voluntades, obstrucción de la justicia, colusión. Todo bajo el auspicio de las complicidades y abusos de poder. Para simplificarlo, gobernantes y funcionarios institucionalizaron la corrupción amparados por la impunidad.
A un año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, es conveniente destacar que la cruzada contra la corrupción ha tenido avances significativos; sin embargo, aún estamos lejos de erradicar uno de los principales lastres de México. Desmantelar el tejido de los oscuros contubernios, cambiar viejos paradigmas y vicios que por años fueron solapados por el andamiaje de la política mexicana, llevará tiempo.
Recientemente la Sociedad y Consejo de las Américas, presentó el informe Índice de Capacidad para Combatir a la Corrupción. En una escala de 1 al 10, México obtiene 4.65, muy por debajo de lo deseable y superados por otros países latinoamericanos como Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile.
De las principales conclusiones del informe destacan la falta de independencia y eficiencia en el sistema judicial, empañado por la interferencia política, particularmente en “una gran cantidad de casos pendientes”.
Por otro lado, el reporte señala que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción debe ser más eficiente, además, falta cumplir con una agenda legislativa anticorrupción, la actual sigue siendo “deficiente” en relación con otros países.
El documento destaca el activismo de la sociedad civil, medios de comunicación y sector privado por combatir y denunciar actos ilícitos desde la esfera pública.
¿Corrupción o cambio?
El único camino viable para erradicar los índices de impunidad es a través de la continua participación de todos los sectores sociales y particularmente de los tres niveles de gobierno, es decir, el combate a la corrupción, principal flagelo de nuestras instituciones y el estado de derecho nos compete a todos.
