A siete años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en Iguala de la Independencia, Guerrero, continúa lejano el esclarecimiento de los hechos, ante un suceso que ha servido, para muchos, como bandera de justicia, pero que se ido desplomando, por la débil diligencia que las autoridades han tomado en el caso, llevándolo al terreno de la impunidad, como la mayoría de los crímenes en nuestro país.
El caso de los normalistas de Ayotzinapa, representa uno de los acontecimientos que más ha ensuciado la historia del México contemporáneo. No sólo porque dejó en evidencia la crisis del Estado de Derecho imperante en el país, también, confirmó la complicidad de las autoridades, de los tres órdenes de gobierno, en la desaparición de los estudiantes.
Sin embargo, aunque se trate de un hecho sumamente manipulado y politizado, lleno de simulaciones como la humillante “verdad histórica”, nacida del engaño y el encubrimiento, aquellos padres, madres, familiares, hijos y amigos de las víctimas, pese al dolor y desgaste que la situación les ha provocado, conservan el derecho legítimo de exigir a las autoridades responsables el cumplimiento que el mandato constitucional les instruye: la procuración de justicia, así como la garantía y protección de los derechos de toda persona, para responder del crimen de Estado que se les imputa.
En México, la desaparición forzada de personas es un tema que con los años se ha venido agudizando. Preocupa la facilidad que existe para privar a una persona de sus derechos más fundamentales como la vida y la libertad. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde 1964 hasta el día de hoy, se encuentran registradas 92,461 personas bajo la condición de desaparecidas y no localizadas; lo lamentable de dicha cifra radica en que en las últimas dos décadas la estadística se ha ido incrementando, dado que de 1964 a 2005, únicamente 1,608 personas estaban registradas en esa condición, lo que significa un 1.7% del recuento total. El resto de las desapariciones – 90,853 personas (98.3%) – se han registrado en los últimos 16 años.
Los números concuerdan perfectamente con los años de violencia que sobrelleva el país y el crecido índice de delitos que atentan contra la vida y la libertad de las personas. Es imposible ignorar el endeble e incierto camino al que están destinadas las víctimas a recorrer. 7 años no han sido suficientes para sanar una herida de tal naturaleza, y aunque a diferencia de otros gobiernos en los que se obstaculizaba y reprimía la verdad, en este, sobra voluntad para recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones y entidades del Estado, con la finalidad de consolidar, lo que muchos mantuvieron en una idea de la cual no eran militantes, el Estado de Derecho.
