El ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba, mientras que la autoridad, sólo puede hacer aquello que la ley expresamente le permita. Lo anterior, constituye una máxima fundamental del Derecho, misma que se consagrada como el “Principio de Legalidad”.
Resulta bastante obvio el hecho de que nadie este obligado a conocer enteramente todas y cada una de las leyes que rigen en nuestro país. Pareciera ser una tarea exclusiva para los licenciados en Derecho o para aquellos que por el desarrollo de su profesión deben manejar u observar la normatividad mexicana. Sin embargo, aún para los abogados, les es imposible conocer de forma absoluta el cúmulo de disposiciones legales, aunque claro, adquieren mayor noción o lógica jurídica que les permite razonar hacia donde va el fondo de las cosas, pese a no conocer con certeza una ley en particular.
En México, el catálogo de leyes es bastante amplio y complejo, al punto de que para algunos estudiosos de lo jurídico, existe una sobrerregulación y exceso de normas en las diferentes materias del Derecho, que paradójicamente, tienden a ser insuficientes por lo mal o incongruente de su contenido. Además, en muchas ocasiones, de poco ayuda la técnica legislativa empleada en la redacción de nuestra legislación. No es un secreto que nuestras leyes estén atiborradas de errores, contradicciones y con un lenguaje indescifrable, críptico y oscuro, que menos ayuda a comunicar a la sociedad ordinaria.
Pese a que es complicado para el “ciudadano común” conocer a cabalidad la ley, como miembros de la sociedad, todos reconocemos que existen reglas y obligaciones que, aunque jamás las hayamos leído de manera impresa, las obedecemos porque vivimos bajo un pacto social, por virtud del cual distinguimos en el prójimo los mismos derechos que los propios, y por ello, tenemos la conciencia para saber que nuestra libertad no es absoluta y que el atentar contra la integridad o bienes de otra persona, es una conducta que se sanciona. Lo anterior, es altamente palpable en países desarrollados, donde el marco normativo es significativamente menor, y cuyas sociedades entienden mejor el contexto del contrato social, situación por la cual el recurso público se dirige a otras acciones, y no al gasto en el cumplimiento a la ley.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando los obligados a saber de la ley – las autoridades – no tienen ni idea de donde están parados? Indubitablemente ocurren atrocidades. El problema en México no es la excesiva diarrea legislativa, sino la falta de observancia y aplicación de las mismas. Se pueden seguir haciendo leyes para cada situación de la cotidianidad, pero si los creadores y aplicadores de la norma son los primeros en violentarla, no auguro desarrollo, crecimiento y eliminación de la corrupción.
