/ martes 2 de marzo de 2021

Crónica del poder │ Inaceptable e imposible el fraude electoral

Tlaltenango le gustó al presidente Andrés Manuel López Obrador para reafirmar su llamado a los Gobernadores de los Estados a no intervenir en el proceso electoral a favor ni en contra de ningún candidato o partido; ahí presente, Alejandro Tello respondió de inmediato para enfatizar que en Zacatecas habrá una elección limpia y equitativa, y anunció su respaldo al Acuerdo por la Democracia convocado por el presidente, mensajes que provocaron el obvio contento de los hermanos Ricardo y David Monreal.

Al mismo tiempo y desde otro horizonte del país, Lorenzo Córdova Vianello, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, señalaba que en México ya no tiene cabida hablar del fraude electoral, ya se cuenta con un millón 200 mil ciudadanos aptos para ser funcionarios de casilla, lo que significa la ciudadanización de los comicios, piedra angular de nuestra democracia. Coincidentes en el respeto absoluto al proceso electoral, las autoridades gubernamentales garantizan elecciones libres, democráticas y en un escenario de estabilidad social y seguridad pública; y las autoridades electorales, incluido el Instituto Electoral del Estado, reiteran los principios de imparcialidad, legalidad, transparencia y equidad en el desarrollo de las elecciones.

Así marcadas las posturas, a estas alturas del desarrollo democrático en México y Zacatecas, la sociedad y los ciudadanos confían en ejercer el voto bajo un sistema democrático competitivo que garantiza la competencia real entre 15 partidos políticos, 10 nacionales y 5 locales, dos coaliciones entre dichas fuerzas políticas. La imparcialidad es real y se ha cancelado el dominio hegemónico de los partidos en el poder.

En este escenario, sorprende que los gobernadores de Morena se curen en salud y manifiesten que no van a solapar tramposos o mapaches electorales. Consecuentes con su líder máximo López Obrador, se comprometen a no apoyar a ningún candidato de ningún partido y a no permitir el uso del presupuesto público para fines electorales. Todo muy bien y más acertado, pero son muchos los ciudadanos escépticos, simplemente no creen tanta belleza.

En Tlaltenango, un feudo panista flanqueado por las fuerzas del Movimiento Ciudadano de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, el Presidente descubrió lo que llamó el partido de la delincuencia organizada o de cuello blanco, que impone candidatos a puestos de elección popular, por lo que pidió a los ciudadanos denunciar si un candidato usa dinero de la delincuencia organizada o el presupuesto público para financiar sus actos proselitistas, pronto la gente les recordó que no actúen con simulación, porque son ellos los primeros en darse cuenta de las desviaciones y que no les debe temblar la mano ni la conciencia para denunciarlos, aunque sean sus candidatos.

Los servidores de la Nación

Son figuras gubernamentales del ámbito federal, que desde su creación han generado y reproducido sospechas por el manejo de los programas de Bienestar, a los que partidos políticos y candidatos ya exigen que sean sacados hasta del sistema de vacunación anti Covid. Así pues, Andrés Manuel López Obrador en lo federal y Alejandro Tello en lo estatal, son los primeros responsables en operar un pulcro manejo de los recursos públicos y que sus funcionarios eviten injerencias, para que efectivamente transcurra una elección libre e imparcial.

Tlaltenango le gustó al presidente Andrés Manuel López Obrador para reafirmar su llamado a los Gobernadores de los Estados a no intervenir en el proceso electoral a favor ni en contra de ningún candidato o partido; ahí presente, Alejandro Tello respondió de inmediato para enfatizar que en Zacatecas habrá una elección limpia y equitativa, y anunció su respaldo al Acuerdo por la Democracia convocado por el presidente, mensajes que provocaron el obvio contento de los hermanos Ricardo y David Monreal.

Al mismo tiempo y desde otro horizonte del país, Lorenzo Córdova Vianello, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, señalaba que en México ya no tiene cabida hablar del fraude electoral, ya se cuenta con un millón 200 mil ciudadanos aptos para ser funcionarios de casilla, lo que significa la ciudadanización de los comicios, piedra angular de nuestra democracia. Coincidentes en el respeto absoluto al proceso electoral, las autoridades gubernamentales garantizan elecciones libres, democráticas y en un escenario de estabilidad social y seguridad pública; y las autoridades electorales, incluido el Instituto Electoral del Estado, reiteran los principios de imparcialidad, legalidad, transparencia y equidad en el desarrollo de las elecciones.

Así marcadas las posturas, a estas alturas del desarrollo democrático en México y Zacatecas, la sociedad y los ciudadanos confían en ejercer el voto bajo un sistema democrático competitivo que garantiza la competencia real entre 15 partidos políticos, 10 nacionales y 5 locales, dos coaliciones entre dichas fuerzas políticas. La imparcialidad es real y se ha cancelado el dominio hegemónico de los partidos en el poder.

En este escenario, sorprende que los gobernadores de Morena se curen en salud y manifiesten que no van a solapar tramposos o mapaches electorales. Consecuentes con su líder máximo López Obrador, se comprometen a no apoyar a ningún candidato de ningún partido y a no permitir el uso del presupuesto público para fines electorales. Todo muy bien y más acertado, pero son muchos los ciudadanos escépticos, simplemente no creen tanta belleza.

En Tlaltenango, un feudo panista flanqueado por las fuerzas del Movimiento Ciudadano de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, el Presidente descubrió lo que llamó el partido de la delincuencia organizada o de cuello blanco, que impone candidatos a puestos de elección popular, por lo que pidió a los ciudadanos denunciar si un candidato usa dinero de la delincuencia organizada o el presupuesto público para financiar sus actos proselitistas, pronto la gente les recordó que no actúen con simulación, porque son ellos los primeros en darse cuenta de las desviaciones y que no les debe temblar la mano ni la conciencia para denunciarlos, aunque sean sus candidatos.

Los servidores de la Nación

Son figuras gubernamentales del ámbito federal, que desde su creación han generado y reproducido sospechas por el manejo de los programas de Bienestar, a los que partidos políticos y candidatos ya exigen que sean sacados hasta del sistema de vacunación anti Covid. Así pues, Andrés Manuel López Obrador en lo federal y Alejandro Tello en lo estatal, son los primeros responsables en operar un pulcro manejo de los recursos públicos y que sus funcionarios eviten injerencias, para que efectivamente transcurra una elección libre e imparcial.