/ jueves 21 de octubre de 2021

Crónica del poder │ Oficinas virtuales y potencial imagen

Para los actores y protagonistas de la vida política, éstos son tiempos de cotidianas exigencias de actualización informativa, de comunicación constante y permanente análisis que les permitan asumir decisiones apropiadas y adecuadas para ser más eficaces en el ejercicio de gobierno, la impartición de justicia y las responsabilidades legislativas. Tiempos de la globalidad y modernidad a los que se tienen que ajustar o quedarán rezagados y sin hacer historia o sin dejar huella en el quehacer político.

Este escenario ha sido claramente advertido por la diputada Gabriela Basurto Ávila, quien ha propuesto en el pleno de la Legislatura Estatal, modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, para crear oficinas virtuales en las dependencias federales, estatales y municipales, a fin de permitir la reducción de costos operativos, hacer más eficientes los tiempos de atención y acercar más los servicios a la ciudadanía, lo que significa acceder directamente a la cultura de la digitalización y la cibernética como factores de verdadera transformación y evolución de la función pública e incluso alcanzar consecuencia real en la elusión de condiciones favorables a las actitudes de corrupción que las más de las veces se dan por el trato personal entre funcionario público y los gobernados o ciudadanos en busca de mejor servicio.

Experta en finanzas, eficaz gestora y con amplia sensibilidad social, la legisladora Basurto lanza una iniciativa no solo interesante, sino trascendente en el cambio de mentalidad que el nuevo régimen promueve. Una propuesta contenida de creatividad, enorme imaginación y que constituye el involucramiento de los sistemas de comunicación electrónicos a la función pública, a partir del impacto personal y directo de los ciudadanos que evitarán aglomeraciones, dilaciones, desatenciones, malas caras, porque desde su equipo de internet o dispositivo celular harán sus trámites en esas oficinas virtuales que sean abiertas y operadas por el Ejecutivo, la Legislatura y los ayuntamientos. Así, la dimensión burocrática se reduce y se adquiere formidable puntualidad y eficacia, una aproximación real a la función pública del nuevo mundo.

En el mismo escenario legislativo, desde la nueva generación apegada a la cibernética, surge la propuesta de la diputada Zulema Yunuen Santacruz Márquez, por la creación de una nueva Ley de Imagen Institucional del Estado, lo que significa consolidar una hazaña con la recuperación justamente de la imagen de los gobernantes, restaurar a las instituciones que están en franco deterioro, fortalecer el prestigio de los legisladores, reproducir confianza en los magistrados y jueves impartidores de justicia y consolidar la credibilidad en los gobernantes que se promueven impulsores de la transformación, de la nueva clase política y de la nueva gobernanza.

El problema, obstáculo y resistencia, es que arriba en donde se toman las decisiones no las van a entender y como las legisladoras son de la oposición, menos las van a aceptar con sus aportaciones de la más elevada competitividad y el más extraordinario esfuerzo por superar gobernanza y el servicio e imagen de este nuevo gobierno. Sin embargo, hay que reconocerles iniciativa y creatividad, valores que se han perdido; son diputadas que identifican el flujo de la modernidad y cuya apertura la llevan mucho más allá de los rancios tradicionalismos legislativos y de los arcaicos ejercicios de gobierno. Ojalá concilien y convenzan a sus pares diputadas y diputados.

Para los actores y protagonistas de la vida política, éstos son tiempos de cotidianas exigencias de actualización informativa, de comunicación constante y permanente análisis que les permitan asumir decisiones apropiadas y adecuadas para ser más eficaces en el ejercicio de gobierno, la impartición de justicia y las responsabilidades legislativas. Tiempos de la globalidad y modernidad a los que se tienen que ajustar o quedarán rezagados y sin hacer historia o sin dejar huella en el quehacer político.

Este escenario ha sido claramente advertido por la diputada Gabriela Basurto Ávila, quien ha propuesto en el pleno de la Legislatura Estatal, modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, para crear oficinas virtuales en las dependencias federales, estatales y municipales, a fin de permitir la reducción de costos operativos, hacer más eficientes los tiempos de atención y acercar más los servicios a la ciudadanía, lo que significa acceder directamente a la cultura de la digitalización y la cibernética como factores de verdadera transformación y evolución de la función pública e incluso alcanzar consecuencia real en la elusión de condiciones favorables a las actitudes de corrupción que las más de las veces se dan por el trato personal entre funcionario público y los gobernados o ciudadanos en busca de mejor servicio.

Experta en finanzas, eficaz gestora y con amplia sensibilidad social, la legisladora Basurto lanza una iniciativa no solo interesante, sino trascendente en el cambio de mentalidad que el nuevo régimen promueve. Una propuesta contenida de creatividad, enorme imaginación y que constituye el involucramiento de los sistemas de comunicación electrónicos a la función pública, a partir del impacto personal y directo de los ciudadanos que evitarán aglomeraciones, dilaciones, desatenciones, malas caras, porque desde su equipo de internet o dispositivo celular harán sus trámites en esas oficinas virtuales que sean abiertas y operadas por el Ejecutivo, la Legislatura y los ayuntamientos. Así, la dimensión burocrática se reduce y se adquiere formidable puntualidad y eficacia, una aproximación real a la función pública del nuevo mundo.

En el mismo escenario legislativo, desde la nueva generación apegada a la cibernética, surge la propuesta de la diputada Zulema Yunuen Santacruz Márquez, por la creación de una nueva Ley de Imagen Institucional del Estado, lo que significa consolidar una hazaña con la recuperación justamente de la imagen de los gobernantes, restaurar a las instituciones que están en franco deterioro, fortalecer el prestigio de los legisladores, reproducir confianza en los magistrados y jueves impartidores de justicia y consolidar la credibilidad en los gobernantes que se promueven impulsores de la transformación, de la nueva clase política y de la nueva gobernanza.

El problema, obstáculo y resistencia, es que arriba en donde se toman las decisiones no las van a entender y como las legisladoras son de la oposición, menos las van a aceptar con sus aportaciones de la más elevada competitividad y el más extraordinario esfuerzo por superar gobernanza y el servicio e imagen de este nuevo gobierno. Sin embargo, hay que reconocerles iniciativa y creatividad, valores que se han perdido; son diputadas que identifican el flujo de la modernidad y cuya apertura la llevan mucho más allá de los rancios tradicionalismos legislativos y de los arcaicos ejercicios de gobierno. Ojalá concilien y convenzan a sus pares diputadas y diputados.