No obstante la existencia hoy de una ciudadanía más informada y crítica, es en las zonas rurales o marginadas urbanas, a donde todavía llegan las malditas tentaciones alentadoras de la promoción y compra del voto, una frivolidad que viene desde los tiempos hegemónicos del PRI y que aún en medio de la cuarta transformación que implica combate permanente a la corrupción, son vicios que prevalecen y aunque suene exagerado, todavía los hay que hacen compra anticipada del voto y con sutileza utilizan los recursos públicos para apoyar a sus partidos y candidato, o al contrario, para afectar a los adversarios.
Las advertencias están cantadas como amenaza, desde el Presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el Gobernador Alejandro Tello, que han ordenado a sus equipos y funcionarios no incurrir en la ilegalidad ni cerrar los ojos ante las evidencias entre los servidores públicos a su cargo. Los gobiernos federal, estatales y municipales están impedidos de interferir en el proceso electoral, se han establecido y cerrados con irrompibles candados, un blindaje electoral para prevenir que los recursos públicos no se utilicen para fines electorales. Así por ejemplo, hasta el Presidente tiene claras restricciones en su mañanera, no puede emitir información gubernamental, ni evaluar avances de programas y obras, ni lanzar expresiones que sean consideradas intromisión que rompa con la imparcialidad y equidad.
Sin embargo y conociendo el comportamiento presidencial que es incontenible e intolerante, López Obrador ha dicho que no se quedará callado, que denunciará la compra de votos, el reparto de despensas, "porque defiende la democracia", lo cual es razonable y acertado, está muy bien, pero tampoco deben callar, ni el Presidente, ni el Gobernador, ante las tropelías de sus correligionarios, o sea, que al Presidente lo escuchen y atiendan, sobre todo los Servidores de la Nación, que aquí controla la superdelegada Verónica Díaz, y que el mandatario estatal, apriete a sus secretarios, en especial a Roberto Luévano, experto en las políticas sociales degradadas en dádivas.
Ciertamente, hay un contexto social y político caracterizado por la polarización y los problemas estructurales que no se resuelven, como las afecciones por la pandemia, las alteraciones al tejido social por la violencia e inseguridad, y la pobreza extrema agravada por el retroceso económico, condiciones que generan campo fértil a la corrupción política que hace del clientelismo electoral instrumento y arma para inclinar resultados electorales, para poner en duda la limpieza de las elecciones.
Frente a esos posibles comportamientos que pueden atentar contra la normalidad democrática del proceso electoral, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, ha sido muy claro y más contundente al convocar a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a conducirse con legalidad y a no intervenir en el proceso electoral; y que no obstante que el INE está sometido a una estrategia electoral de amedrentamiento, no puede la institución electoral encoger los hombros ante incumplimientos olímpicos a las normas y actuará con imparcialidad, diálogo y responsabilidad de Estado.
Coincidentes en esos llamados
Los maestros Virgilio Rivera Delgadillo y Matías Chiquito Díaz de León, responsables conductores del IEEZ y el INE en el estado, han convocado a todos los actores políticos a conducirse con legalidad y compromiso democrático, y en especial a candidatas y candidatos a realizar proselitismo con respeto a las leyes, sin descalificaciones ni degradación del quehacer político a través del insulto, las infamias o calumnias, y también a respetar los protocolos sanitarios ante la pandemia. Es el escenario político electoral de normalidad, armonía y optimismo ciudadano, que Zacatecas debe exhibir durante las campañas y hasta la elección el 6 de junio.
