A los mexicanos como a los zacatecanos les queda muy claro, que el mayor problema que se presenta al Estado Mexicano, es la inseguridad. Por ello, cuando han fallado los exhortos, llamados y convocatorias a deponer los comportamientos delincuenciales y criminales para que se ajusten al estado de derecho, el gobierno federal tiene que consolidar el entramado institucional y jurídico para encarar la crisis de seguridad con el uso legítimo de la fuerza, hasta generar condiciones de estabilidad y paz social, y evitar los riesgos de ingobernabilidad.
Al cumplirse ayer el segundo aniversario de la histórica victoria electoral del Presidente López Obrador, la inseguridad ha sido tema recurrente entre los sectores de la sociedad, y más allá de partidismos, diferencias ideológicas, presencia de adversarios y enfoques analíticos, la gente no duda en expresar que se avanza en materia de justicia social en favor de los más pobres, pero que la seguridad, la protección del patrimonio, el derecho a la tranquilidad social son imperativos que no se cumplen y que hacen sentir una severa crisis, más dañina que la económica o sanitaria, y que por eso, la viabilidad de la Cuarta Transformación está en riesgo por la ineficacia operativa de los instrumentos e instituciones de seguridad, que lamentablemente ceden o son vulnerables ante la cruenta e incontenible violencia.
El Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, asegura que la estrategia contra el crimen organizado es la correcta; y entonces pues, por qué los descomunales excesos de violencia mortal, será por incapacidad en la operación estratégica, será incorrecta la conducción de los operativos o la inteligencia no funciona. O será por impotencia, porque la gente, la sociedad urge explicaciones y más soluciones. La gente estima que ya no es adjudicación al pasado, sino responsabilidad del presente y por eso reclama.
Para no ir más lejos a ilustrar sobre la ofensiva de los cárteles sobre la Ciudad de México, la extrema violencia en Guanajuato o en Guerrero y Tamaulipas, aquí en Zacatecas se han sucedido escenarios de tragedia inenarrable por terrible, como las 17 ejecuciones del viernes y 7 del lunes anteriores, acciones que han impactado negativamente en la sociedad ya impregnada de temor y de dolor. Y la reacción inmediata ha sido que el gobernador reúna al Grupo de Coordinación Coordinación Local, para ordenar incrementa operativos de vigilancia e investigación, y desde esa plataforma reconocer que México como Zacatecas viven una profunda crisis de seguridad, que requiere un abordaje serio y más responsable por parte de todos los actores políticos y de la sociedad.
Más todavía, Alejandro Tello llamó a no politizar la crisis de seguridad, y lo primero que hace el diputado Omar Carrera, con su mediocridad y vulgaridad discursiva, es acusar acciones fallidas para solo sacar ventajas electorales. Como así sucede en Guanajuato, donde los gobiernos federal y estatal intercambian acusaciones sobre la peor crisis de seguridad que se registra y se sufre en esa entidad.
La violencia aumenta
Y nos adentra a un proceso de barbarización que vá más allá de la criminalidad, como así lo exhiben los hechos que tienen azorados y pasmados a los zacatecanos. O sea, que la crisis de seguridad no solo atenta contra la paz social que se requiere para fortalecer el trabajo productivo y la armonía en las familias y comunidades, sino que pone en riesgo las políticas del Presidente López Obrador, atenta contra el estado de Derecho y genera un círculo vicioso que carcome el tejido social, alienta autoritarismos y lesiona nuestra vida democrática. Nada hay que celebrar en este segundo aniversario, no en materia de seguridad.
