Secuencia a la implacable batalla contra la corrupción que Humbelina López, la Secretaria de la Función Pública, anunció con la inhabilitación de 8 funcionarios del quinquenio de Alejandro Tello, hay que señalar que la alarma social carece de nombres para reconocer que en verdad y en los hechos se ha registrado sanción o simulación, porque los supuestamente castigados deambulan con toda normalidad bajo el amparo de un hermetismo tan cómodo que la ley impone, de manera que el esfuerzo contra la impunidad puede parecer inútil, situación que siempre será el buen pretexto para la reincidencia o la repetición y extensión de las desviaciones.
El máximo triunfo de la fuerza de la ley contra la corrupción, debiera ser la cárcel o cuando menos la exhibición pública de las tropelías, fechorías, robaderas e inmoralidades de quiénes con nombre y apellido traicionaron la confianza que los gobernantes les entregaron al designarlos en el gabinete o en la función pública de las administraciones federales, estatales o municipales. La oleada o avalancha corruptora y de corrupción seguirá avanzando mientras persistan esas condiciones de omisión y ocultamiento de las acciones depredadoras de los recursos públicos, lo que resulta incomprensible para la sociedad que exige honestidad y pulcritud.
Puede resultar impresionante o de gran impacto informar que las sanciones acumuladas entre los 8 funcionarios, ascienden a 171 años de inhabilitación; que al sancionado uno corresponden 34 años de inhabilitación, cuando menos se asoma que es hombre; que la sancionada dos, o sea una mujer, a 30 años con 4 meses y 14 días; la sancionada tres, otra mujer, con 27 años 2 meses y 13 días; y los sancionados 7 y 8, inhabilitados con 16 años y un año, respectivamente. Así de escueta y fría es la notificación a la opinión pública, y ésta, cuando se menciona el proyecto de la presa Milpillas, la insinuación va supuestamente al ex secretario Víctor Armas, o sea, dejan a la especulación de la sociedad sobre quienes son los autores de esa inmensa desviación de 593 millones de pesos.
Tras las indagatorias, análisis y resoluciones de la Secretaría de la Función Pública, por esa ausencia legaloide de nombres o autores, no hay efecto sancionador que la sociedad reconozca como castigo ejemplar a quienes han de ser observados como vergüenza pública, cuando menos hasta el momento y a la espera de que puedan haber filtraciones que identifiquen públicamente a los corruptos personajes del gabinete de Alejandro Tello.
Los métodos de protección a los corruptos han variado sexenio a sexenio de trienio a trienio, sea en los gobiernos estatales y municipales o en las legislaturas. En la transición de los gobernadores Fernando Pámanes a Cervantes Corona, fue degradante la persecución de pamanistas; de Arturo Romo a Ricardo Monreal, nada pasó, se respetaron los acuerdos; de Monreal a Amalia García, fue de terciopelo; de ella a Miguel Alonso solo resaltaron las amenazantes denuncias durante la entrega recepción; de Miguel Alonso a Tello, ha sido la más suave, ninguna alteración y como ha quedado explícitamente argumentado por Humbelina Elizabeth López las omisiones y el ocultamiento de expedientes acusatorios, lograron la prescripción y la impunidad. Así ha sido la historia de una corrupción creciente que ha dado a Zacatecas viejos y nuevos ricos, algunos potentados y todos libres de culpas, "con la frente en alto." Orgullosos.
