/ lunes 15 de febrero de 2021

Crónica del poder | Respeto al derecho electoral

Frente a la complejidad del proceso electoral concurrente, las soluciones para abrir cauces a la estabilidad, seguridad y certidumbre de la democracia electoral, tienen que ser sencillas, simples, claras, estrictamente apegadas a la legalidad y totalmente alejadas de lo sofisticado, para que la competencia entre partidos y candidatos y la batalla de las ideas y propuestas, transcurran con orientación y motivadoras de la más amplia y responsable participación de los ciudadanos en las campañas y ante las urnas electorales del 6 de junio.

Factores fundamentales para propiciar esas condiciones de normalidad, son los gobiernos federal, estatal y municipales. Y, en este contexto cabe observar que ni el gobernador Alejandro Tello ni los 58 presidentes municipales, todavía no han recibido la anunciada carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde les pedirá que no intervengan en los procesos electorales, la elección de gobernador, 4 diputados federales, 30 diputados locales y los 58 ayuntamientos. El propio Jefe de la Nación ha reiterado que él no se inmiscuirá en ninguna parte de la contienda, ha exigido dejar atrás las prácticas de defraudación electoral y prometido que los programas sociales no sean utilizados con fines electorales.

Aunque la misiva no sale del Palacio Nacional y menos llega a los escritorios de los gobernantes aquí, Tello ya asumió el compromiso de no injerencia y demandó a los servidores públicos y miembros de su gabinete, que no se atrevan a utilizar recursos públicos para favorecer a partidos o candidatos, pero desgraciadamente, los hay que desoyen el mensaje y la advertencia sobre sanciones que incluyen cárcel y funcionarios que actúan con disimulo y excesiva permisividad en el institucional reparto de enseres en colonias populares y comunidades rurales. Comportamientos que el gobernador no debe tolerar ni fingir que ignora.

En este sentido, un horizonte razonable, legal e imparcial para que David Monreal llegue a la candidatura y luego al Palacio de Gobierno, es que los famosos "servidores de la nación" no operen en su favor a través de los programas de bienestar, ni que reciba apoyos directos o indirectos del presidente López Obrador. De la misma forma, Claudia Anaya no tendría el flagrante respaldo de su gobernador Tello, ni de los funcionarios a través de personal, vehículos, despensas o dádivas. El mensaje presidencial está muy claro, entendido y tiene que ser atendido, y desde antes de que llegue la famosa carta, así tienen que proceder en cumplimiento de la ley electoral.

Signos de la democracia moderna

Tienen que ser los principios de equidad, imparcialidad, transparencia, honestidad y legalidad, por esa vía es que se tienen que ahora se tienen que conquistar los espacios de poder, la corrupción política ha de ser cancelada y desvanecida de todas las rutas de campaña, y todo esto no deben ser sólo declaraciones y retórica, ni simulación o hipocresía y mucho menos chantajes ni fraudes, los partidos y sus candidatos ya no deben recurrir a la coacción o compra de votos, no más abusos ante la pobreza de la gente y la crisis económica en las familias víctimas de la pandemia e inseguridad, porque ejercer el voto en las urnas, ya no es mera fórmula retórica, es derecho intangible.

Frente a la complejidad del proceso electoral concurrente, las soluciones para abrir cauces a la estabilidad, seguridad y certidumbre de la democracia electoral, tienen que ser sencillas, simples, claras, estrictamente apegadas a la legalidad y totalmente alejadas de lo sofisticado, para que la competencia entre partidos y candidatos y la batalla de las ideas y propuestas, transcurran con orientación y motivadoras de la más amplia y responsable participación de los ciudadanos en las campañas y ante las urnas electorales del 6 de junio.

Factores fundamentales para propiciar esas condiciones de normalidad, son los gobiernos federal, estatal y municipales. Y, en este contexto cabe observar que ni el gobernador Alejandro Tello ni los 58 presidentes municipales, todavía no han recibido la anunciada carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde les pedirá que no intervengan en los procesos electorales, la elección de gobernador, 4 diputados federales, 30 diputados locales y los 58 ayuntamientos. El propio Jefe de la Nación ha reiterado que él no se inmiscuirá en ninguna parte de la contienda, ha exigido dejar atrás las prácticas de defraudación electoral y prometido que los programas sociales no sean utilizados con fines electorales.

Aunque la misiva no sale del Palacio Nacional y menos llega a los escritorios de los gobernantes aquí, Tello ya asumió el compromiso de no injerencia y demandó a los servidores públicos y miembros de su gabinete, que no se atrevan a utilizar recursos públicos para favorecer a partidos o candidatos, pero desgraciadamente, los hay que desoyen el mensaje y la advertencia sobre sanciones que incluyen cárcel y funcionarios que actúan con disimulo y excesiva permisividad en el institucional reparto de enseres en colonias populares y comunidades rurales. Comportamientos que el gobernador no debe tolerar ni fingir que ignora.

En este sentido, un horizonte razonable, legal e imparcial para que David Monreal llegue a la candidatura y luego al Palacio de Gobierno, es que los famosos "servidores de la nación" no operen en su favor a través de los programas de bienestar, ni que reciba apoyos directos o indirectos del presidente López Obrador. De la misma forma, Claudia Anaya no tendría el flagrante respaldo de su gobernador Tello, ni de los funcionarios a través de personal, vehículos, despensas o dádivas. El mensaje presidencial está muy claro, entendido y tiene que ser atendido, y desde antes de que llegue la famosa carta, así tienen que proceder en cumplimiento de la ley electoral.

Signos de la democracia moderna

Tienen que ser los principios de equidad, imparcialidad, transparencia, honestidad y legalidad, por esa vía es que se tienen que ahora se tienen que conquistar los espacios de poder, la corrupción política ha de ser cancelada y desvanecida de todas las rutas de campaña, y todo esto no deben ser sólo declaraciones y retórica, ni simulación o hipocresía y mucho menos chantajes ni fraudes, los partidos y sus candidatos ya no deben recurrir a la coacción o compra de votos, no más abusos ante la pobreza de la gente y la crisis económica en las familias víctimas de la pandemia e inseguridad, porque ejercer el voto en las urnas, ya no es mera fórmula retórica, es derecho intangible.