Acaba de acontecer una alharaca bíblica, propia de guacamayas tropicales, debido a la noticia que se soltó, cual perro callejero sin dueño ni nombre, y donde hacía del general conocimiento la relación precisa y determinada de las personas físicas y morales que fueron beneficiadas con programas oficiales de condonación de impuestos. Es decir, tuvimos revelación cierta de los nombres y apellidos y denominaciones de los que se les perdonó el pago de algo así como un billón de pesos que debieron formar parte de los ingresos estatales que se destinarían, según lo que dispone la Carta Magna, al gasto público, es decir, a bienes y servicios proporcionados por el gobierno en beneficio de la población.
Y allí encontramos los apelativos de siempre: las grandes empresas de alimentos, consentidas sexenio tras sexenio, las otrora poderosas cadenas de televisión y radio, cómplices incondicionales del poder en turno, las multimillonarias cadenas de comunicación e internet, aliadas ilimitadas de quién ocupe la silla del águila, artistas del espectáculo, buenos y malos, vivos y muertos, los políticos de siempre, no importa el color ni el sabor, dueños y voceros de los destinos manifiestos de todos los mexicanos, que al cabo, en eso coinciden todos ellos, el país es un gran botín, tan, pero tan grande, que hay para todos (ellos).
Más allá de la absoluta certeza de estos hechos y de la injusticia e inequidad que los mismos acarrean, al tratar de manera diametral diferente a los diversos tipos de contribuyentes en esta nación, la rabia colectiva se ha dejado sentir debido a que viene a reiterarse la misma constante histórica de siempre relacionada con el pago de impuestos: sólo un pequeño grupo, cercano al 15% de todos los pagadores de contribuciones, y que se identifican como profesionistas y pequeñas y medianas empresas, son los que siguen aportando más del 90% de los recursos fiscales de este país. Recordemos, por ejemplo, y es un tema que ya hartamente hemos reiterado, los profesionistas nacionales (abogados, contadores, arquitectos, médicos, ingenieros, etcétera) contribuyen con el 51% de sus ganancias. Y a las pequeñas y medianas empresas se les carga un peso impositivo muy similar, teniendo que lidiar, día a día, con las pesadillas de las auditorías del SAT, IMSS, INFONAVIT, Secretaria del Trabajo, o como carajos se llame ahora, Secretaría de Salud, Haciendas Estatales, Haciendas Municipales, y, por si fuera poco, ahora con las imparables exacciones (extorsiones) del crimen organizado, siendo, como seguramente se advertirá, una verdadera hazaña, propia de héroes anónimos, el ser un empresario por estos jodidos andurriales.
Con independencia de las razones que aducen una cuestionable legalidad a los programas de condonación fiscal, queda la absoluta certeza de que los mismos han sido utilizados para favorecer a los grandes contribuyentes de siempre, en los términos ya esbozados y que por tanto son injustos e inequitativos.
Si realmente queremos lograr una verdadera transformación, se debe comenzar también con realizar una profunda reforma estructural para que todos los mexicanos, absolutamente todos, contribuyan al gasto público, paguen sus impuestos, de manera proporcional (atendiendo a su capacidad) y equitativa (justa); y se deje de cargar la mano, a unos pocos, que como siempre, y desde hace décadas, han sido los que costean casi en su totalidad con el gasto público.
Y se debe poner particular atención a la razón de fondo por las que a la gente no le gusta pagar impuestos que es, indiscutiblemente, la certeza que tenemos que no se están administrando ni gastando bien nuestros dineros.
En fin, y como corolario a esta perorata, y que es lo único positivo que hemos aprendido de los hechos y consecuencias aquí reseñadas, debemos decir que los abogados fiscalistas han encontrado el argumento de defensa imbatible para hacer valer ante un crédito fiscal o una sanción impuesta por las autoridades hacendarias: fue un error de mi contador.
