Dentro de las competencias funcionales que en la mayoría de las veces no se les da a los encargados de emitir leyes en nuestro país, es decir, a esa masa desarrapada de ínclitos legisladores, de todos los congresos locales, y en el federal, está precisamente el saber de manera cabal y clara para qué carajos sirven las leyes, para qué son, y la mecánica de su acatamiento y aplicación por parte del Estado
De esta suerte vemos, con absoluta estupefacción, propia de un leguleyo que ve en el horizonte de sucesos nacionales y locales, cómo, por ejemplo, cuando se quiere combatir y disminuir los índices ya esquizofrénicos de delincuencia, pues simplemente nuestro ignaros legisladores tienden a aumentar, per se, las penas y los castigos que se pueden aplicar a los homicidas o secuestradores, sólo por decir algo, y de esta manera, cambiando las leyes, ellos piensan que van a cambiar la realidad, cuando, es de una lógica de sentido común el saber que si sólo se aumentan las penas, pero no se castigan efectivamente a los criminales, nada va a suceder, y éstos ni por aludidos se van a dar. Es decir, basados en la experiencia sabemos que para bajar los índices delictivos, hay que castigar, efectivamente, a los criminales, no sólo amenazarlos con imponerles una sanción. O, poniendo otro ejemplo, cuando las catervas interminables de feministas quieren que se acabe la violencia en contra de sus congéneres, pues fácil, proponen mandar a la cárcel, y de por vida, a quien ose tocar una fémina aún sea con el pétalo de una rosa, reforma legislativa que, cuando se ha aplicado, sólo conlleva a una mayor problemática familiar, y a la desintegración funcional de hogares por la brutalidad de los malentendidos intereses de género. O bien, cuando se quiere combatir la corrupción, pues fácil, anotarlo como delito que no admite libertad bajo caución bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa, cuando lo que funciona para estos casos es establecer los mecanismos administrativos vía la transparencia para que todos vigilemos a los administradores de nuestros dineros. Y así, ad infinitum.
Pues bien, resulta que los hacEdores de leyes en la Novísima Ciudad de México están discutiendo una particular iniciativa, que castigará con arresto administrativo a quien ose, hombre o mujer, o de terceras o cuartas preferencias sexuales, eso es lo de menos, proferir un piropo a otro congénere humano, es decir, como dice la iniciativa, el “proferir silbidos o expresiones verbales de connotación sexual a una persona con el propósito de afectar su dignidad”, será objeto de una sanción de hasta 36 horas de cárcel.
