Hace pocos días se cacaraqueó, como si de un huevo de oro se tratara, la puesta en marcha de un nuevo esquema de pensiones para los trabajadores mexicanos. Se dijo, que ahora sí, se iban a jubilar con pensiones dignas los asalariados de este país, y, bueno, cientos de etcéteras que remarcaban las bondades intrínsecas. Se presumió, además, que esto derivaba de que se iba a disminuir a 750 semanas de cotización (actualmente son 1,250) el requisito para retirarse y que los patrones iban a aportar hasta el 13.875% (actualmente aportan el 5.15%) del salario que retribuyen a sus empleados al fondo de retiro. Esto es, quienes pagarían el costo de esta generosidad serían los empleadores. Entonces, los trabajadores y el país en su conjunto, en un estado de felicidad sin límites, como ya es costumbre. Nada más falso que lo anotado. Veamos.
Las causas por las que las personas no se jubilan en nuestro país son dos: porque no alcanzan suficientes semanas de cotización, o bien, porque no tienen los suficientes recursos disponibles en su cuenta individual de retiro, al momento de llegar la hora. En México solo tres de cada diez trabajadores van a pensionarse, y ello se debe a que las personas, durante gran parte, o toda su vida laboral, no logran tener empleos formales; y no tienen empleos formales porque aquí existe un costo altísimo para la contratación laboral formal.
Cuando una empresa o persona física contrata a un trabajador, no sólo considera en sus costos el egreso salarial quincenal, sino una serie de erogaciones relacionados directamente con esa contratación: impuesto sobre la renta retenido, costos de seguridad social (IMSS, INFONAVIT y AFORE), prestaciones laborales como vacaciones, prima de vacaciones, aguinaldos, participación en utilidades, prima de antigüedad, etcétera, además de lo que se denomina como “riesgos laborales”, que son los costos que implicarían un eventual juicio donde se condene a la empresa a pagar indemnización constitucional, indemnización legal, salarios caídos, prima de antigüedad, y un sin número de etcéteras relacionados. De tal suerte que, según el tipo de relación de trabajo, habrá que duplicar o de plano triplicar, en relación con el salario realmente percibido por el trabajador, el precio final de tener formalmente contratado a un empleado. Muchas empresas y personas de plano no pueden darse el lujo de tener trabajadores formales.
Con manzanitas: si en una empresa determinada existe el puesto, digamos, de repartidor, y si, de conformidad con las finanzas corporativas, ese puesto tiene destinado un presupuesto, de veinte mil pesos mensuales, entonces, tenemos que el sueldo neto mensual que se asignaría a un trabajador sería de unos siete mil u ocho mil pesos, aproximadamente, porque el resto del costo se va a pagar en contribuciones y en reservas para riesgos laborales. Es decir, entre más prestaciones y derechos tenga un asalariado, menor va a ser el monto de su remuneración neta mensual, pues su salario debe ajustarse a un gasto bruto del empleador.
En el caso que nos ocupa, se está aumentando el porcentaje que el patrón aporta para la cuenta del retiro del trabajador (del 5.15% hasta un 13.875%), lo que implica aproximadamente un aumento del costo de contratación formal de un 9%. En este caso, cuando a una empresa le aumentan las contribuciones de seguridad social, hace dos cosas para mantener sus ganancias y productividad: una es bajar en términos reales el monto del salario contemplado para los puestos determinados, para así compensar el aumento en sus erogaciones por este concepto, y en esta hipótesis quienes absorben la disminución son los trabajadores al recibir menos salario; lo segundo que realizan, si el mercado les da margen, es aumentar el precio de los bienes o productos que ofrece, y en este caso quienes cubren el costo de esa prestación laboral son los consumidores en general. Como se puede ver la propuesta es embustera y engañosa en si misma.
En este mismo contexto, y sin lugar a dudas, va a aumentar la informalidad laboral, debido a que aumenta el costo para contratar empleados, es decir, se siguen cerrando las puertas a la formalización, pues muchas empresas no van a tener los recursos para cubrir esas prestaciones, y menos ahora en esta crisis post covid que no sabemos ni cuándo va a terminar. Debemos entender que las reglas legales incentivan la existencia de la informalidad.
Finalmente, se ha calculado que en este novísimo esquema sólo se beneficiarían, si eso realmente sucede, a cuatro millones de trabajadores, de un universo de cerca de veinte millones (formales), perjudicándose, concomitantemente, a un número indeterminado de decenas de millones a los que se les cerrarían las puertas de la contratación.
Contrariamente a lo hecho, se deberían promover y aprobar leyes laborales y fiscales que las empresas puedan crecer, ser más productivas y ofrecer mejores trabajos (más remunerados). Y eso no se ha logrado, jamás de los jamases (sic) aumentando los impuestos o contribuciones.
