A lo largo y ancho del territorio nacional se discute la propuesta legislativa para desaparecer algunos de los denominados organismos autónomos e integrarlos a estructuras burocráticas existentes. Entre los principales mencionados se encuentra aquél a quien compete las tareas de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, y otro relacionado con las regulaciones gubernamentales en materia de telecomunicaciones.
Los argumentos principales que se publicitaron para eliminarlos se relacionan con el altísimo costo de operación de las burocracias contratadas para realizar sus tareas (alrededor de mil millones de pesos anuales en un caso y sólo a nivel federal), la ineficacia, inutilidad y labor de tapaderas acomodaticias a ciertos intereses de las mismas, así como la especial función de agencias de empleo para familiares, amigos y allegados.
Por el otro lado, quienes se han desgarrado las vestiduras en contra de mandarlas al baúl de los recuerdos históricos, esgrimen un ataque al ejemplo mundial de la democracia mexicana, el fin de las instituciones republicanas y el inicio, sin lugar a dudas, de una época obscurantista muy parecida en sus consecuencias a la Edad Media.
Como en toda idea filosófica sobre el papel, estructura y funcionamiento del estado moderno, a ambas partes corresponden algunas verdades evidentes y, también, algunas exageraciones sesgadas.
Relacionado con lo anterior, con reiterada frecuencia la respuesta que muchos gobiernos dan a sentidas problemáticas sociales es, o bien, la creación de una nueva ley que supuestamente solucionará el inconveniente relativo, o bien, la creación de una estructura burocrática para tal efecto; en algunos casos ambos. Por ejemplo, ante la discriminación, pues fácil, se crea la Comisión Contra la Discriminación y Asuntos Varios; ante el problema de la violencia doméstica, se erige la Unidad Especializada en Lucha Contra los Maridos Golpeadores; si hay muchos perros callejeros, habrá que poner en marcha una Fuerza Civil de Tarea de Canes Abandonados y Desprotegidos; y así, ad nauseam y ad infinitum; soluciones administrativas las referidas que no solucionan nada y sólo provocan dispendio irracional de los presupuestos públicos.
¿Para hacer respetar el derecho de los ciudadanos a la transparencia y acceso a la información pública gubernamental y la protección de sus datos particulares son necesarias estructuras administrativas federales que cuestan alrededor de mil millones de pesos anuales, y si se consideran las estatales se eleva el gasto público a la vigésima o trigésima potencia? ¿no sería mejor idear un sistema de control jurisdiccional a través de juzgados federales o locales especializados en tal materia (que costarían muchísimo menos), y si el número de asuntos lo justifica, y que a través de resoluciones diligentes y rápidas salvaguardaran estos derechos constitucionales, como ya se hace en este momento, por ejemplo, con el derecho de petición?
