Arturo Jairo García Quintanar

  / viernes 7 de junio de 2019

Desigualdades regionales y el Fondo Minero

Recientemente se destacó la existencia de las desigualdades regionales que han venido generado el desempleo y los bajos salarios del país. Como consecuencia de lo anterior, los gobiernos no han instrumentado aún políticas de inversión y gasto a favor de las regiones más marginadas.

El investigador Arturo Huerta González en su ensayo publicado, afirmó que las desigualdades regionales “son reflejo de la falta de acción gubernamental, manifestada en los recortes presupuestales, como en una distribución del gasto público, que margina las regiones menos desarrolladas”.

Por consiguiente concluyó que el desequilibrio económico territorial en la mayoría de los países, se explica por la concentración del poder económico, político y financiero que se asienta en las ciudades más importantes. Y mientras continúe el poder económico ubicado en las grandes urbes y no se realicen fuertes inversiones y gastos en las regiones menos desarrollas, no hay forma de reducir los desequilibrios existentes.

En las grandes ciudades, además de concentrarse el poder económico, financiero y político, se encuentra el capital humano mejor calificado, como las mejores universidades, por lo que las empresas, además de contar con el mercado para sus productos, cuentan con la mano de obra calificada para su producción.

Recordamos que dentro de la Comisión de Minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la que es titular el Gobernador Alejandro Tello Cristerna solicitó ante el Presidente de la República, a nombre de Ejecutivos de los estados con vocación minera, el retorno de los recursos económicos del Fondo Minero en apoyo a la infraestructura regional. Esta decisión en sentido contrario, ha venido afectando principalmente a los estados como Sonora (mil millones), Zacatecas (700 millones) y Durango (400millones). Ya que el argumento para retirar estos recursos en las diversas entidades, es porque se señalaron malos manejos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nos reportó en 2017, que las cinco entidades federativas de mayor participación en el PIB nacional son: CDMX (17.5), Estado de México (8.9%), Nuevo León (7.3%), Jalisco (6.9%) y Veracruz (4.6%), y ello suma el 45.2% del total nacional. Las cinco entidades federativas que menos aportan al PIB nacional, según la misma fuente, son: Zacatecas, Baja California Sur, Nayarit, Colima y Tlaxcala, y en conjunto aportan el 3.6% del total. Ello es debido a que la dinámica económica está determinada en mayor medida por las mayores regiones, lo cual mantiene las disparidades regionales.

En ésta Opinión consideramos que la disminución del dinamismo de muchas regiones, se basa en las crecientes desigualdades regionales. Por ello debemos de insistir en la propuesta de retornar a los Estados el apoyo ya contemplado del Fondo Minero, ante la falta de una política económica y de estrategias para el desarrollo regional.

Recientemente se destacó la existencia de las desigualdades regionales que han venido generado el desempleo y los bajos salarios del país. Como consecuencia de lo anterior, los gobiernos no han instrumentado aún políticas de inversión y gasto a favor de las regiones más marginadas.

El investigador Arturo Huerta González en su ensayo publicado, afirmó que las desigualdades regionales “son reflejo de la falta de acción gubernamental, manifestada en los recortes presupuestales, como en una distribución del gasto público, que margina las regiones menos desarrolladas”.

Por consiguiente concluyó que el desequilibrio económico territorial en la mayoría de los países, se explica por la concentración del poder económico, político y financiero que se asienta en las ciudades más importantes. Y mientras continúe el poder económico ubicado en las grandes urbes y no se realicen fuertes inversiones y gastos en las regiones menos desarrollas, no hay forma de reducir los desequilibrios existentes.

En las grandes ciudades, además de concentrarse el poder económico, financiero y político, se encuentra el capital humano mejor calificado, como las mejores universidades, por lo que las empresas, además de contar con el mercado para sus productos, cuentan con la mano de obra calificada para su producción.

Recordamos que dentro de la Comisión de Minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la que es titular el Gobernador Alejandro Tello Cristerna solicitó ante el Presidente de la República, a nombre de Ejecutivos de los estados con vocación minera, el retorno de los recursos económicos del Fondo Minero en apoyo a la infraestructura regional. Esta decisión en sentido contrario, ha venido afectando principalmente a los estados como Sonora (mil millones), Zacatecas (700 millones) y Durango (400millones). Ya que el argumento para retirar estos recursos en las diversas entidades, es porque se señalaron malos manejos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nos reportó en 2017, que las cinco entidades federativas de mayor participación en el PIB nacional son: CDMX (17.5), Estado de México (8.9%), Nuevo León (7.3%), Jalisco (6.9%) y Veracruz (4.6%), y ello suma el 45.2% del total nacional. Las cinco entidades federativas que menos aportan al PIB nacional, según la misma fuente, son: Zacatecas, Baja California Sur, Nayarit, Colima y Tlaxcala, y en conjunto aportan el 3.6% del total. Ello es debido a que la dinámica económica está determinada en mayor medida por las mayores regiones, lo cual mantiene las disparidades regionales.

En ésta Opinión consideramos que la disminución del dinamismo de muchas regiones, se basa en las crecientes desigualdades regionales. Por ello debemos de insistir en la propuesta de retornar a los Estados el apoyo ya contemplado del Fondo Minero, ante la falta de una política económica y de estrategias para el desarrollo regional.

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