En las últimas semanas, Zacatecas ha sido centro de atención por la aguda violencia que se vive a lo largo y ancho del territorio, a causa de las múltiples disputas entre los diferentes cárteles del crimen organizado que se pelean la plaza en nuestra entidad.
Se trata de un problema que padecemos desde hace varios sexenios y cuyas consecuencias han cobrado altos costos en el ejercicio del poder, la gestión y la política pública, pero sobre todo, en la vida de las personas. Pese a que, lastimosamente, la violencia desmedida se ha instaurado ya en la cotidianidad no sólo de nuestro Estado, sino del país, recientemente se ha intensificado, especialmente, en los municipios y comunidades de la entidad. En Jerez, municipio ubicado a 50 kilómetros de la capital, familias enteras han tenido que abandonar su patrimonio, huyendo de los crímenes y reclutamiento forzado a los que están expuestos por los cárteles que ocupan la región. Lo anterior, no sólo confirma la falla sistemática, generalizada y estructural del Estado en materia de seguridad pública, sino también, la masiva violación a derechos humanos de las personas víctimas de la delincuencia.
Y es que el desplazamiento forzado es un fenómeno que trae consigo una grave crisis humanitaria por todos los derechos que se ven violentados cuando una persona se ve obligada a migrar, dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencian o sus actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física, seguridad o libertad han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, y cuya garantía o reparación por parte del Estado, se torna insostenible.
La naturaleza de la situación exige de la intervención de distintas autoridades para hacer frente y atender el problema de orden estructural. Ahora que comienza el nuevo gobierno, deben diseñarse e incorporarse políticas, programas, planes, recursos y medidas necesarias, encaminadas a resolver de manera progresiva el conflicto del crimen organizado. Para ello, el Estado deberá a través de sus órganos definir la magnitud de sus compromisos que adquiere con la ciudadanía a fin de alcanzar los objetivos planteados; es importante recordar a quienes tengan a bien tomar públicamente dichas decisiones, lo hagan de forma seria, es decir sustentadas racionalmente para que la política pública sea susceptible de ser implementada, de tal manera que los compromisos democráticamente adquiridos no sean meras promesas carentes de toda vocación para ser ejecutadas.
La seguridad continúa siendo un pendiente a resolver de la actual administración pública federal, estatal y municipal. Evidentemente la política social que guía al presente régimen, en mucho ayudará para facilitar la inclusión y participación de los sectores frágiles, marginados y vulnerables de la población, en la vida económica y social de la nación.
