/ viernes 29 de octubre de 2021

El Espectador | Una Zona Económica Especial para emplear migrantes en el sur

La problemática que para México representa el cada vez más abundante flujo migratorio desde Centroamérica obliga a las autoridades federales a construir soluciones que permitan poner en la frontera sur del país una barrera virtual, con oportunidades económicas para los migrantes, con el debido respeto a los derechos humanos y, sobre todo, con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos. Entre los empresarios con operaciones en los estados del sureste, empieza a crecer la idea de que la alternativa para alcanzar todas esas expectativas se encuentra en revivir el modelo de las Zonas Económicas Especiales, para establecer por lo menos en el estado de Chiapas una muy extensa área de parques industriales, que generen empleo tanto para los ciudadanos mexicanos como para los inmigrantes.

Hablamos de un terreno de 500 hectáreas que se consideraron para la Zona Económica y que se pensaba convertir en un corredor industrial. Hoy en día éste se extendería desde el Río Suchiate hasta la ciudad de Tapachula, materializándose en aquella barrera que tanto exigió el gobierno de Donald Trump y que sigue solicitando la administración de Joe Biden. La propuesta iría aún más allá, pues se propone hacer de este corredor una zona franca, con estímulos fiscales que la hagan atractiva para las empresas inversionistas; principalmente para aquellas que exportan sus productos a los mercados centroamericanos y que hoy en día tienen que considerar en su logística el traslado de su mercancía por gran parte del territorio mexicano para llegar a su destino final.

Se recuerda que, desde hace varios sexenios, esta idea ha cruzado por la cabeza de diversos funcionarios mexicanos. El excandidato presidencial José Antonio Meade, por ejemplo, con experiencia en muy diversas dependencias clave del gobierno, solía comentar con sus cercanos sobre ese plan de llevar las fábricas de las exportadoras a los estados del sureste, bajo la premisa de reducir costos y generar desarrollo en regiones marginadas. Desafortunadamente, aun con todas las ya mencionadas virtudes, para los ojos de la 4T el proyecto tiene un corte neoliberal, e implica recurrir a fórmulas que la actual administración ha puesto en la categoría de impensables e incluso sancionables, empezando por los estímulos fiscales a empresas y empresarios que cometen la “inmoralidad” de generar importantes ingresos.

Además de una Secretaría de Hacienda flexible, se necesita también de una Secretaría de Economía que se reintegre a sus labores de promoción, que se acerque al sector privado para reclutar inversionistas, y para recuperar de entrada la confianza que estos mismos han perdido en el sector público, después de tres años de experimentar un trato desde el Gobierno que podría considerarse agresión. La fórmula existe, dicen los expertos, para solucionar el problema migratorio, pero los esfuerzos para implementarla parece que no será suficiente para eliminar la cerrazón.

La problemática que para México representa el cada vez más abundante flujo migratorio desde Centroamérica obliga a las autoridades federales a construir soluciones que permitan poner en la frontera sur del país una barrera virtual, con oportunidades económicas para los migrantes, con el debido respeto a los derechos humanos y, sobre todo, con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos. Entre los empresarios con operaciones en los estados del sureste, empieza a crecer la idea de que la alternativa para alcanzar todas esas expectativas se encuentra en revivir el modelo de las Zonas Económicas Especiales, para establecer por lo menos en el estado de Chiapas una muy extensa área de parques industriales, que generen empleo tanto para los ciudadanos mexicanos como para los inmigrantes.

Hablamos de un terreno de 500 hectáreas que se consideraron para la Zona Económica y que se pensaba convertir en un corredor industrial. Hoy en día éste se extendería desde el Río Suchiate hasta la ciudad de Tapachula, materializándose en aquella barrera que tanto exigió el gobierno de Donald Trump y que sigue solicitando la administración de Joe Biden. La propuesta iría aún más allá, pues se propone hacer de este corredor una zona franca, con estímulos fiscales que la hagan atractiva para las empresas inversionistas; principalmente para aquellas que exportan sus productos a los mercados centroamericanos y que hoy en día tienen que considerar en su logística el traslado de su mercancía por gran parte del territorio mexicano para llegar a su destino final.

Se recuerda que, desde hace varios sexenios, esta idea ha cruzado por la cabeza de diversos funcionarios mexicanos. El excandidato presidencial José Antonio Meade, por ejemplo, con experiencia en muy diversas dependencias clave del gobierno, solía comentar con sus cercanos sobre ese plan de llevar las fábricas de las exportadoras a los estados del sureste, bajo la premisa de reducir costos y generar desarrollo en regiones marginadas. Desafortunadamente, aun con todas las ya mencionadas virtudes, para los ojos de la 4T el proyecto tiene un corte neoliberal, e implica recurrir a fórmulas que la actual administración ha puesto en la categoría de impensables e incluso sancionables, empezando por los estímulos fiscales a empresas y empresarios que cometen la “inmoralidad” de generar importantes ingresos.

Además de una Secretaría de Hacienda flexible, se necesita también de una Secretaría de Economía que se reintegre a sus labores de promoción, que se acerque al sector privado para reclutar inversionistas, y para recuperar de entrada la confianza que estos mismos han perdido en el sector público, después de tres años de experimentar un trato desde el Gobierno que podría considerarse agresión. La fórmula existe, dicen los expertos, para solucionar el problema migratorio, pero los esfuerzos para implementarla parece que no será suficiente para eliminar la cerrazón.