La semana pasada la película “Roma” de Alfonso Cuarón se llevó tres oscares (ya había ganado dos globos de oro). Y hace unos días se publicó el Índice de Estado de Derecho 2019, realizado por el World Justice Project (WJP)
Aunque parecen temas muy diferentes, ambos nos sirven como un espejo político y social. La película realizada por el director mexicano es una ventana a nuestra historia reciente, una mirada al México de los 70. Por su parte, el estudio del WJP se basa en las opiniones de expertos y numerosas encuestas a personas de todos los estratos sociales; es decir, tiene como base para otorgar sus puntuaciones las experiencias de los propios habitantes.
El estudio, por lo tanto, refleja la percepción social sobre el estado de derecho y el funcionamiento de las instituciones de justicia en cada país. Para medir este índice se consideran ocho grandes áreas: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Sin duda en las últimas décadas hemos avanzado mucho en la democracia y la vida política nacional, desde el presidencialismo y la represión estudiantil de los años 70 que se muestra en “Roma”, hasta la alternancia y el contrapeso de poderes de la actualidad.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer: México se ubicó en el lugar 99 de 126 países, con una calificación de 0.45 en una escala de 0 a 1. Esto significa que existe una desconfianza generalizada en las instituciones encargadas de la seguridad y la impartición de justicia, desconfianza que se ha arraigado en la cultura mexicana debido a los problemas históricos de corrupción e impunidad.
Es un complejo círculo vicioso: debido a esta gran desconfianza, las personas no denuncian; sin estas denuncias, las problemáticas de nuestro país no se reflejan a nivel institucional y los organismos encargados de la justicia no pueden ejercer sus labores correspondientes. Al final, esto se traduce en una mayor desconfianza hacia las instituciones. En este contexto, a las nuevas generaciones no les resulte atractivo ser parte de las fuerzas de seguridad, lo que conlleva un debilitamiento progresivo de éstas.
Pero también hay motivos para no ser tan pesimistas: a pesar de las polémicas, la iniciativa de la Guardia Nacional es un intento de recuperar el orden y la seguridad. De igual forma, las modificaciones a la propuesta original son una buena señal de que existen límites y contrapesos políticos. Y la nueva administración ha tomado de forma correcta el combate a la corrupción como bandera.
Esperamos de buena fe que todos estos cambios sean un nuevo paso hacia un México en donde impere la justicia y el estado de derecho.
*Vicepresidente Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico – CANACINTRA
