Andrés Manuel López Obrador llegó a su primer informe con una aprobación del 70%. En términos prácticos, este indicador es positivo frente a la compleja realidad del país. Sin embargo, debemos separar la popularidad de la gestión del presidente.
La frase “acabar con la corrupción y la impunidad”, resume el plan de gobierno y el eje rector de esta administración federal.
En retrospectiva, quienes ejercieron el poder en las últimas ocho décadas, se dedicaron a degradar la administración pública, lo que derivó en la burda prostitución del deber ser en la política. Desde la época posrevolucionaria hasta nuestros días, se implementó la pobreza, la desigualdad y la marginación como política pública.
Seguramente el lector se preguntará, ¿Con la eliminación de la corrupción y la impunidad, cambiará el país? Probablemente no. Pero urge acabar con “el huachicol arriba y abajo”, expresión que sintetiza la corrupción en todas sus variantes y niveles.
Para implementar un gobierno capaz y honesto, para dar resultados a un pueblo anhelante de justicia social, es indispensable tener un gobierno congruente y ético. De lo contrario, estaremos claudicando en revertir nuestro pasado inmediato.
Inverosímil que en la pasada administración se permitiera el robo de 50 mil millones de pesos en combustible, la condonación de 213 mil millones a 108 grandes empresas en el pago de impuestos, la desaparición de 7 mil millones de pesos a través del entramado llamado la Estafa Maestra o la fraudulenta compra de Pemex a una empresa chatarra con un sobre precio de 635 millones de dólares.
¡La suma de las cifras anteriores, representa casi el equivalente al presupuesto destinado a la educación en este año!
Para Andrés Manuel López Obrador y para quienes construimos la Cuarta Transformación, tenemos como principio la honestidad como vocación y convicción. No habrá igualdad, justicia, equidad, progreso y paz, si no combatimos el flagelo de la corrupción, la impunidad y los privilegios. No obstante, las buenas prácticas deben ser protegidas con la fuerza de la ley, es decir, resulta necesario un gobierno de leyes. Sólo de esta manera se podrá fortalecer el estado de Derecho.
No todo es triunfalismo en el primer informe. El propio presidente reconoció que falta consolidar el crecimiento económico y que enfrentamos día con día el lacerante problema de la violencia.
Sin embargo, es tramposo imputar todos los males a este gobierno, cuando su origen proviene de los efectos de un pasado que fue heredado, más nunca contraído. Sería pertinente hacernos la siguiente reflexión, ¿quiénes son los responsables de este país mutilado?
Inicia una nueva etapa de la historia y vendrán más retos. Dejemos el juicio al pueblo mexicano.
