Largo historial de gobernantes corruptos que han abusado del poder, saqueado las arcas públicas y vivido en el dispendio.
La corrupción “socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”, define el documento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Tan sólo el 2019, la corrupción nos costó a todos los mexicanos 12 mil 770 millones de pesos, es decir, 1 millón 470 mil pesos por hora. Esta cantidad, equivale a 3 mil 822 pesos por persona afectada. Respecto a las autoridades de seguridad, el costo fue de 2 mil 244 millones de pesos. Aunado a ello, en los últimos dos años, los actos de corrupción se han incrementado en un 64%.
Los partidos políticos, legisladores, policías, ministerios públicos, sindicatos, jueces y magistrados, gobiernos estatales, empresarios, servidores públicos, gobiernos municipales, institutos electorales y medios de comunicación; en este orden, son las instituciones y actores políticos que tienen el mayor nivel de desconfianza de la ciudadanía. En suma, nueve de diez mexicanos consideran que los actos de corrupción son muy frecuentes, revela la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de Inegi.
Llama la atención que la administración de Andrés Manuel López Obrador obtiene el doble de aprobación. Esto es, del 2017 a la fecha se incrementó del 25.5% al 51.2%.
Requerimos políticos que demuestren que son auténticos servidores públicos; que prueben su honestidad a través de su trabajo; que atiendan las demandas más sentidas de la sociedad y que todo acto de gobierno sea completamente transparente.
No es suficiente haber creado el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y tener un Jefe del Ejecutivo que busca combatir frontalmente la corrupción y la impunidad. No solo transitamos de un cambio de gobierno, sino de un cambio de régimen, como lo ha señalado el Presidente de la República. Para lograrlo, necesitamos abolir todo vestigio de corrupción. De esta manera, se elevarán la calidad de los servicios y la eficacia en la administración pública.
Es momento de reparar el grave daño que ha causado la corrupción a nuestro país. Solo así, la ciudadanía creerá en sus instituciones y construiremos un nuevo país.
