Es importante rescatar un tema que sigue estando vigente, pues como bien se ha señalado en diversas publicaciones, en los últimos treinta años se han registrado muchos cambios en el ámbito municipal, originado por el interés de realizar diversas modificaciones al marco institucional del Municipio, que se encuentra permanentemente ubicado en el debate sobre las reformas que permitan impulsar el fortalecimiento del federalismo en México y pueda ser este un hecho real.
Discusión que se presentó desde los años ochenta en un momento en el que la grave crisis económica, principalmente la fiscal, comenzó con desmantelar un sistema centralista del estado mexicano que propiciaba marcados contrastes regionales, que reflejaban la insuficiencia de recursos económicos y la falta de mecanismos adecuados de coordinación política en los gobiernos locales.
Aunque, en el aspecto económico dichas reformas se mejoraron comparativamente con las de los ochentas, en su aplicación por desgracia el funcionamiento equilibrado entre los gobiernos federal, estatales y municipales no se dio, derivado de la falta de una reforma integral que considerara la dimensión político-institucional del federalismo: la redistribución de competencias, las potestades tributarias de los estados y municipios, la cooperación y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, las desigualdades regionales, la participación ciudadana y las reglas y mecanismos para alcanzar una distribución eficiente de los bienes públicos.
En este sentido, el concepto de integralidad es fundamental para el mejoramiento del federalismo y supone que la Reforma del Estado es un proceso que atraviesa los ámbitos, nacional, estatal y municipal, lo que implica que no puede modificarse uno e ignorarse los resultados en otro. Por esta razón es necesario tomar en cuenta el marco de las relaciones intergubernamentales y el sistema jurídico.
En este contexto, los municipios son pieza fundamental de la estructura federal porque representan la parte primaria de las relaciones entre ciudadanos e instituciones del Estado. Si dichas relaciones se caracterizan por la calidad, entonces podremos hablar de consolidación democrática. Por ello la democratización del ámbito municipal es necesaria tanto para el entorno de los ciudadanos del Municipio como para la modernización del Estado en su conjunto.
Asimismo, la reforma democrática incluye el control social de la gestión pública que tiene como fin promover la equidad, la eficiencia y la transparencia de los programas y acciones del gobierno municipal. Para conseguir los objetivos mencionados resulta prioritario desarrollar procedimientos que proporcionen a los ciudadanos información del gobierno y la gestión del Municipio por medio de reglamentos claramente establecidos y también fortalecer diversos instrumentos como la audiencia pública, reglamentada y orientada a la participación de los ciudadanos en las decisiones administrativas y de gobierno de los ayuntamientos.
Para fortuna de los interesados en seguir estudiando, pero sobre todo, de aportar y continuar en un ejercicio de permanente de actualización y reforma de la Ley Orgánica del Municipio, se cuenta con esta abundante fuente de información que podrá ser de gran utilidad, información que preferentemente deberá ser complementada y enriquecida, con la participación activa de los actores del municipio, habitantes, académicos, autoridades, directivos, funcionarios, prestadores de servicios y de todos aquellos que lo viven día a día, disfrutando y padeciendo los vaivenes de sus muy peculiares características, dado que el municipio es un espacio de gran dinamismo envuelto de sorpresas y grandes oportunidades.
