/ martes 15 de febrero de 2022

El peso de las palabras

Pocos países en el mundo pueden presumir de una plena y perfecta democracia, no sólo por la configuración electoral que encarna en si misma, sino por el respeto irrestricto a los derechos y libertades que ésta implica, para todas las personas que viven bajo ese régimen. México, pese a que incansablemente esgrime el estandarte de la democracia como un logro producto de su historia, máxime que es una cuestión prevista en la Constitución, se encuentra lejos de serlo.

Desafortunadamente la violencia desmedida ya es una constante que rebasa el control y orden de cualquier gobierno, ninguno ha sabido con certeza, resolver el problema de raíz. En las últimas semanas se han agudizado los ataques a periodistas y 5 de ellos perdieron la vida. Lo lamentable, no es únicamente la crisis de seguridad provocada por el crimen organizado, normalizada socialmente en grados preocupantes, que le arrebata la vida a quienes se dedican a informar y criticar las múltiples realidades del país; también, se vive una guerra desde el poder público y político que se encarga de desacreditar, censurar y atacar a aquellos que piensan diferente, en flagrante violación a sus garantías constitucionales y, por su puesto, distantes de la república democrática de la que nos vanagloriamos.

Mercenarios y vendidos existen en todas partes. Somos libres de simpatizar con algunas opiniones y no coincidir con otras, puede gustarnos el trabajo o línea editorial de cierto medio de comunicación y no convenir con otros. Incluso, hay quienes apuntan a que la libertad de expresión resulta más valiosa cuando las declaraciones o expresiones que se emplean son inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias. Sin embargo, lo que no está permitido y que nada justifica, es la vulneración e intrusión ilegal a los derechos de los comunicadores, que además de repercutir en el Estado de Derecho, amenaza al régimen democrático y cobra la vida de personas inocentes.

En este espacio hemos dedicado muchas líneas en la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos. La situación actual de los periodistas merece atención desde todos los frentes, puesto que existe una cúpula de poder que constantemente está violentando la ley. No se trata de si tal o cual periodista hizo bien o mal, rotundamente existen informantes que por sus acciones han perdido el mínimo resquicio de credibilidad, se trata de defender la importante labor informativa que se traduce en un contrapeso para el poder público, que nos hace una sociedad libre y equilibrada. Sin periodismo libre, no hay democracia.

Mientras el Estado continúe utilizando el aparato estatal para callar voces y coartar derechos, México seguirá siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y su desapego a la libertad será cada vez más evidente.

Pocos países en el mundo pueden presumir de una plena y perfecta democracia, no sólo por la configuración electoral que encarna en si misma, sino por el respeto irrestricto a los derechos y libertades que ésta implica, para todas las personas que viven bajo ese régimen. México, pese a que incansablemente esgrime el estandarte de la democracia como un logro producto de su historia, máxime que es una cuestión prevista en la Constitución, se encuentra lejos de serlo.

Desafortunadamente la violencia desmedida ya es una constante que rebasa el control y orden de cualquier gobierno, ninguno ha sabido con certeza, resolver el problema de raíz. En las últimas semanas se han agudizado los ataques a periodistas y 5 de ellos perdieron la vida. Lo lamentable, no es únicamente la crisis de seguridad provocada por el crimen organizado, normalizada socialmente en grados preocupantes, que le arrebata la vida a quienes se dedican a informar y criticar las múltiples realidades del país; también, se vive una guerra desde el poder público y político que se encarga de desacreditar, censurar y atacar a aquellos que piensan diferente, en flagrante violación a sus garantías constitucionales y, por su puesto, distantes de la república democrática de la que nos vanagloriamos.

Mercenarios y vendidos existen en todas partes. Somos libres de simpatizar con algunas opiniones y no coincidir con otras, puede gustarnos el trabajo o línea editorial de cierto medio de comunicación y no convenir con otros. Incluso, hay quienes apuntan a que la libertad de expresión resulta más valiosa cuando las declaraciones o expresiones que se emplean son inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias. Sin embargo, lo que no está permitido y que nada justifica, es la vulneración e intrusión ilegal a los derechos de los comunicadores, que además de repercutir en el Estado de Derecho, amenaza al régimen democrático y cobra la vida de personas inocentes.

En este espacio hemos dedicado muchas líneas en la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos. La situación actual de los periodistas merece atención desde todos los frentes, puesto que existe una cúpula de poder que constantemente está violentando la ley. No se trata de si tal o cual periodista hizo bien o mal, rotundamente existen informantes que por sus acciones han perdido el mínimo resquicio de credibilidad, se trata de defender la importante labor informativa que se traduce en un contrapeso para el poder público, que nos hace una sociedad libre y equilibrada. Sin periodismo libre, no hay democracia.

Mientras el Estado continúe utilizando el aparato estatal para callar voces y coartar derechos, México seguirá siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y su desapego a la libertad será cada vez más evidente.