Mucho se habla de las casi cuatro décadas de neoliberalismo en México, pero para ser claros, es importante señalar que este modelo se caracterizó por la privatización de empresas nacionales rematadas al sector privado mediante actos de corrupción. Sólo durante el gobierno de Carlos Salinas se privatizó la telefonía, los bancos, la televisión, la industria minera; la siderúrgica y cientos —literalmente— de empresas estatales más. Al final de su gobierno, la revista Forbes pasó de registrar únicamente a una familia mexicana entre las más ricas del mundo, a 24 grupos multimillonarios.
Con esta ideología de desmantelamiento del Estado, los siguientes gobiernos continuaron la tendencia privatizadora sin otro límite que las áreas estratégicas protegidas por el artículo 28 de la Constitución federal. Fue mediante el Pacto por México en 2012, que por primera vez desveló la verdadera identidad del PRIANRD como un frente unido contra los intereses de la nación, que logró eliminar, a través de sobornos, a la petroquímica del listado de dichas áreas para permitir la incursión del sector privado.
La receta privatizadora siempre fue la misma: desguazar las empresas mexicanas para luego venderlas a bajo costo con el pretexto de su falta de viabilidad con el fin de poner en manos de particulares jugosos negocios que reforzaran la complicidad entre el poder político y el económico. En el caso de PEMEX, la falta de inversión y de infraestructura de refinación permitió un esquema de exportación de crudo e importación de gasolinas que dañó las finanzas de esta empresa que por mucho tiempo fue una palanca de desarrollo nacional.
De 2002 a 2012, la producción de gasolina en PEMEX aumentó únicamente de 398.1 millones de barriles diarios a 416.4 mbd, mientras la demanda pasó de 566.3 mbd a 804.4 mbd, por lo que las importaciones se incrementaron más del 100 por ciento, al pasar de 184.2, mbd, a 394.5 mbd. En el caso del diésel, en el mismo periodo, el déficit de restar las importaciones a las exportaciones pasó de 19.3 mbd, a 132.8 mbd, lo que significó una dependencia que coartó nuestra soberanía energética, situación que alcanzó récord histórico en 2018, como era de esperarse luego de la reforma energética.
Con el fin de dar marcha atrás a esta política antipatriótica y regular los excesos e ilícitos que el sector privado generó, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa con el fin de combatir el contrabando de combustibles, establecer condiciones de almacenamiento para otorgar permisos y revocarlos o suspenderlos en caso de incumplimientos a la legislación, misma que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y será próximamente discutida y votada por el Senado de la República. El rescate de PEMEX ya comenzó y culminará cuando la inversión, la infraestructura y el combate a la corrupción nos permitan ser autosuficientes.
