/ lunes 9 de septiembre de 2019

El zafarrancho de Veracruz

Qué distantes, en muchas de las ocasiones, podemos encontrar el significado etimológico de una palabra de aquél como lo utiliza la generalidad de la población. Sabemos que el lenguaje evoluciona a través del tiempo, creando significados de los vocablos a veces del todo apartadas de sus propios orígenes gramaticales.

Por ejemplo, para entrar en materia del presente intento de disertación, diremos que la palabra “zafarrancho” es un término que proviene de la conjunción de las palabras zafar, que significa librar, apartar, o quitar estorbos, y rancho, de ranchar, procedente del francés antiguo “ranger” que significa alinearse, y que, en términos generales, hace referencia a cada una de las divisiones de la marinería que se realizan para el buen orden y disciplina de los buques. Por ello, esta palabra se empleaba para referirse al acondicionamiento de las partes de la embarcación, previo a una faena o acción determinada, por lo que etimológicamente nos encontraríamos ante una secuencia ordenada de actividades dirigidas a dejar dispuesta y preparada una embarcación, instalación o estancia, con el objeto de desempeñar adecuadamente una tarea concreta (Wikipedia). En cambio, y básicamente en los países latinoamericanos, utilizamos el término para referirnos a una agitación desordenada y ruidosa, a una pelea, riña o gran alboroto que se produce entre dos o más personas.

No es si no el segundo significado al que nos referimos a cerca de lo que está pasando en el mexicanísimo estado de Veracruz, donde se ha producido un verdadero zafarrancho político con motivo de la destitución del fiscal general de aquélla colorida entidad, cuna de los sombreros chicos y blancos y faldas largas y floreadas.

Ya ni siquiera habremos de discutir la inconstitucionalidad e ilegalidad manifiestas de esa remoción de uno de los funcionarios púbicos más importantes y cuya labor trasciende en el ámbito de la seguridad, pues se nos antoja irrisorio que una comisión interna de diputados locales, en un acuerdo al vapor, y sin cumplir prácticamente ninguna formalidad legal, utilizando pretextos irrisorios, propios de una falta administrativa, como pudiera ser, por decir algo, una multa de tránsito, puedan, por sus pistolas, remover al fiscal general del Estado, cuya permanencia en el cargo está garantizada por las Constitucionales Local y General de esta ya también degradada República.

Hasta un estudiante de Preparatoria, en sus clases de elemental Derecho, aprende que para destituir a un funcionario de ese talante sólo existen dos vías posibles: el juicio político y la declaración de procedencia. El primero de los cuales se aplica a aquéllos servidores públicos que han cometido faltas gravísimas en el desempeño de sus funciones, y, previo procedimiento, donde se respeten todas las garantías procesales, y particularmente la de audiencia, se puede remover al que incurre en falta por parte de un gran jurado compuesto por el órgano legislativo. En el segundo supuesto, nos encontramos cuando un funcionario comete un delito y, entonces, hay que solicitar que también el poder legislativo, previo el proceso legal, donde también el acusado tenga posibilidad de defenderse, se le quite el fuero para que sea sometido a proceso penal.

Es por lo anterior que el zafarrancho de Veracruz (en su segundo significado aludido), es una vergüenza para la incipiente democracia de México, una ignominia sin nombre al también esfuerzo por tener un estado de Derecho, un deshonor de una clase política que ya perdió el pundonor, que ya ni siquiera se sonroja en su cortedad y enanismo existencial, y, al final de cuentas, un acto indigno para el pueblo de Veracruz en particular, y para las generalidades andantes de este país.

En fin, como dijera alguien un día: hágase justicia en los bueyes de mi compadre.

Qué distantes, en muchas de las ocasiones, podemos encontrar el significado etimológico de una palabra de aquél como lo utiliza la generalidad de la población. Sabemos que el lenguaje evoluciona a través del tiempo, creando significados de los vocablos a veces del todo apartadas de sus propios orígenes gramaticales.

Por ejemplo, para entrar en materia del presente intento de disertación, diremos que la palabra “zafarrancho” es un término que proviene de la conjunción de las palabras zafar, que significa librar, apartar, o quitar estorbos, y rancho, de ranchar, procedente del francés antiguo “ranger” que significa alinearse, y que, en términos generales, hace referencia a cada una de las divisiones de la marinería que se realizan para el buen orden y disciplina de los buques. Por ello, esta palabra se empleaba para referirse al acondicionamiento de las partes de la embarcación, previo a una faena o acción determinada, por lo que etimológicamente nos encontraríamos ante una secuencia ordenada de actividades dirigidas a dejar dispuesta y preparada una embarcación, instalación o estancia, con el objeto de desempeñar adecuadamente una tarea concreta (Wikipedia). En cambio, y básicamente en los países latinoamericanos, utilizamos el término para referirnos a una agitación desordenada y ruidosa, a una pelea, riña o gran alboroto que se produce entre dos o más personas.

No es si no el segundo significado al que nos referimos a cerca de lo que está pasando en el mexicanísimo estado de Veracruz, donde se ha producido un verdadero zafarrancho político con motivo de la destitución del fiscal general de aquélla colorida entidad, cuna de los sombreros chicos y blancos y faldas largas y floreadas.

Ya ni siquiera habremos de discutir la inconstitucionalidad e ilegalidad manifiestas de esa remoción de uno de los funcionarios púbicos más importantes y cuya labor trasciende en el ámbito de la seguridad, pues se nos antoja irrisorio que una comisión interna de diputados locales, en un acuerdo al vapor, y sin cumplir prácticamente ninguna formalidad legal, utilizando pretextos irrisorios, propios de una falta administrativa, como pudiera ser, por decir algo, una multa de tránsito, puedan, por sus pistolas, remover al fiscal general del Estado, cuya permanencia en el cargo está garantizada por las Constitucionales Local y General de esta ya también degradada República.

Hasta un estudiante de Preparatoria, en sus clases de elemental Derecho, aprende que para destituir a un funcionario de ese talante sólo existen dos vías posibles: el juicio político y la declaración de procedencia. El primero de los cuales se aplica a aquéllos servidores públicos que han cometido faltas gravísimas en el desempeño de sus funciones, y, previo procedimiento, donde se respeten todas las garantías procesales, y particularmente la de audiencia, se puede remover al que incurre en falta por parte de un gran jurado compuesto por el órgano legislativo. En el segundo supuesto, nos encontramos cuando un funcionario comete un delito y, entonces, hay que solicitar que también el poder legislativo, previo el proceso legal, donde también el acusado tenga posibilidad de defenderse, se le quite el fuero para que sea sometido a proceso penal.

Es por lo anterior que el zafarrancho de Veracruz (en su segundo significado aludido), es una vergüenza para la incipiente democracia de México, una ignominia sin nombre al también esfuerzo por tener un estado de Derecho, un deshonor de una clase política que ya perdió el pundonor, que ya ni siquiera se sonroja en su cortedad y enanismo existencial, y, al final de cuentas, un acto indigno para el pueblo de Veracruz en particular, y para las generalidades andantes de este país.

En fin, como dijera alguien un día: hágase justicia en los bueyes de mi compadre.