/ viernes 20 de mayo de 2022

Entre la espada y la pared

La privatización de los servicios públicos, en teoría, es una acción encaminada a que las y los ciudadanos puedan cubrir necesidades, como la movilidad, de manera digna y con una infraestructura de calidad. Sin embargo, en México, el otorgamiento de concesiones que durante años se dieron con base en el influyentismo y no a la competitividad, causaron un ciclo vicioso que ha puesto a las autoridades de la mayoría de los municipios y estados entre la espada y la pared.

En la mayoría de los países desarrollados, el transporte público tiene un precio elevado. En Londres, un viaje redondo en el icónico metro tiene un costo promedio de 65 pesos, una cantidad que representa más de la mitad del salario mínimo en México. A cambio, las y los londinenses y visitantes de la ciudad reciben un transporte de calidad, que cumple con sus horarios y que en la mayor parte del tiempo evita saturaciones como las que se pueden ver en México.

Esto es posible, claro está, porque el poder adquisitivo de las personas que viven en economías desarrolladas permite que los precios de los servicios públicos sean más caros y aún así sigan siendo accecibles. Además, hay una clara transparencia y eficiencia entre los impuestos aportados por la ciudadanía y los beneficios que recibe en materia de servicios e infraestructura.

En países como México, el transporte público, como muchos otros servicios concesionados, enfrentan un problema que pone tanto a empresarios, como al gobierno en una disyuntiva. La ciudadanía exige un transporte público de calidad, pero quienes tienen las concesiones no pueden aumentar los precios para poder tener un margen de ganancia más amplio simplemente porque una cantidad considerable de usuarios no podrían cubrir el costo del incremento.

Es por eso que los servicios de transporte público en muchos de los municipio de México son deficientes. Los gobiernos no pueden autorizar un incremento notorio en los precios porque perjudicarían a la sociedad y los concesionarios no pueden hacer mejoras porque no tienen margen para hacerlo.

¿La solución? Encontrar esquemas de colaboración con el sector privado que permitan encontrar respuestas a estos problemas, otorgar programas de apoyo a las personas económicamente más vulnerables y articular las vías del transporte y su conectividad con base en un plan de urbanización eficiente.

Es por eso que la visión que plantea el Gobierno de Zacatecas —echar a andar el PlataBus, complementarlo con infraestructura vehícular y negociar incrementos razonables en el precio de las concesiones actuales—, es un buen inicio para que finalmente Zacatecas deje atrás uno de los problemas más enraizados en la mayoría de los municipios y zonas metropolitanas del país. Veremos.

La privatización de los servicios públicos, en teoría, es una acción encaminada a que las y los ciudadanos puedan cubrir necesidades, como la movilidad, de manera digna y con una infraestructura de calidad. Sin embargo, en México, el otorgamiento de concesiones que durante años se dieron con base en el influyentismo y no a la competitividad, causaron un ciclo vicioso que ha puesto a las autoridades de la mayoría de los municipios y estados entre la espada y la pared.

En la mayoría de los países desarrollados, el transporte público tiene un precio elevado. En Londres, un viaje redondo en el icónico metro tiene un costo promedio de 65 pesos, una cantidad que representa más de la mitad del salario mínimo en México. A cambio, las y los londinenses y visitantes de la ciudad reciben un transporte de calidad, que cumple con sus horarios y que en la mayor parte del tiempo evita saturaciones como las que se pueden ver en México.

Esto es posible, claro está, porque el poder adquisitivo de las personas que viven en economías desarrolladas permite que los precios de los servicios públicos sean más caros y aún así sigan siendo accecibles. Además, hay una clara transparencia y eficiencia entre los impuestos aportados por la ciudadanía y los beneficios que recibe en materia de servicios e infraestructura.

En países como México, el transporte público, como muchos otros servicios concesionados, enfrentan un problema que pone tanto a empresarios, como al gobierno en una disyuntiva. La ciudadanía exige un transporte público de calidad, pero quienes tienen las concesiones no pueden aumentar los precios para poder tener un margen de ganancia más amplio simplemente porque una cantidad considerable de usuarios no podrían cubrir el costo del incremento.

Es por eso que los servicios de transporte público en muchos de los municipio de México son deficientes. Los gobiernos no pueden autorizar un incremento notorio en los precios porque perjudicarían a la sociedad y los concesionarios no pueden hacer mejoras porque no tienen margen para hacerlo.

¿La solución? Encontrar esquemas de colaboración con el sector privado que permitan encontrar respuestas a estos problemas, otorgar programas de apoyo a las personas económicamente más vulnerables y articular las vías del transporte y su conectividad con base en un plan de urbanización eficiente.

Es por eso que la visión que plantea el Gobierno de Zacatecas —echar a andar el PlataBus, complementarlo con infraestructura vehícular y negociar incrementos razonables en el precio de las concesiones actuales—, es un buen inicio para que finalmente Zacatecas deje atrás uno de los problemas más enraizados en la mayoría de los municipios y zonas metropolitanas del país. Veremos.