En su libro “La Gran Ruptura”, Francis Fukuyama menciona que “las verdaderas comunidades están unidas por valores, normas y experiencias compartidas por todos sus integrantes”.
La frase que define su obra “se caracteriza por la destrucción de esos valores que, actuando como cemento del edificio social, permiten la vida en común”.
Esta semana hubo una “Gran Ruptura” social en Zacatecas, con el influyentismo de unos y la permisividad de servidores públicos con la famosa inoculación de la vacuna en contra del COVID-19 en la localidad de Bañón en el municipio de Villa de Cos, a 33 ciudadanos que con derecho a recibirla no les correspondía su turno.
La ausencia de virtudes sociales como la honestidad, reciprocidad, imparcialidad, responsabilidad, lealtad y la eficiencia en el desempeño de sus deberes, dejó en evidencia que en el gobierno federal ni han limpiado todas las instituciones de la corrupción, como han tampoco han imbuido de los valores pregonados por el Presidente López Obrador de “no robar, no mentir y no engañar el pueblo”.
Lo ocurrido el martes en esa comunidad, puerta de entrada al semidesierto zacatecano, mostró que en el Gobierno Federal, subsiste en sus impulsores y promotores la conducta de aprovecharse del puesto cada vez que se pueda para el beneficio de sus intereses personales y el de unos cuántos.
Calificar como “no ilegal” la aplicación de la vacuna a todos los que se presenten en los puestos que para tal efecto ha destinado el gobierno federal, es verdaderamente inmoral y forma un nuevo concepto de corrupción.
La delegada de los programas sociales en la entidad, mostró que la falta de base ética de los servidores públicos involucrados en ese error, agrava las dificultades que hoy padece nuestra sociedad.
Esta dimensión de falta de ética en la vida política y en el desempeño del cargo público tiene consecuencias que ningún gobierno, federal, estatal o municipal puede ignorar. Debe haber consecuencias.
Que las personas inoculadas provenientes de Zacatecas y otros municipios tienen derecho a ser vacunados, no lo negamos, pero no les tocaba el turno.
Las vacunas son escasas y puede discutirse si el uso de las mismas es o no violatorio a los derechos de la población; sin embargo, lo que es una verdad incuestionable, es que en medio de la pandemia, deben prevalecer los intereses de la sociedad por sobre las ambiciones personales de los políticos que las administran.
Se perdió la confianza social y se perdió la credibilidad.
Por ello, para que las actuales servidoras públicas implicadas en el error enmienden el camino, si los superiores no lo hacen, deben aplicar la Ética Política en contra de la Legalidad Inmoral, y separarse del cargo, es lo menos.
