Es bien sabido que las grandes reformas tienen un costo para quien las lleva a cabo. La razón es lógica: el orden prevaleciente de las cosas, el que se busca cambiar, beneficia invariablemente a un grupo de personas y afecta a otro. Difícilmente la asignación de recursos puede escapar del equilibrio de Pareto, en el que nadie puede estar mejor sin que alguien esté peor. Por eso, es normal que el gobierno de David Monreal Ávila haya iniciado con sobresaltos por parte de un sector de la población zacatecana, lo cual es señal de que los cambios han iniciado.
Poner un alto a la política de endeudamiento que hipotecaba los recursos de Zacatecas tiene costos indeseables. En primer lugar, la falta de liquidez para pagar la nómina magisterial, especialmente de aquellas personas servidoras públicas con menores ingresos, quienes sostienen a su familia o tienen urgencias económicas; sin embargo, tomar esta decisión en los primeros días de gobierno, demuestra la determinación del ejecutivo local de evitar mayores complicaciones a futuro, pues la gestión financiera del viejo régimen, como lo muestran todos los datos, era insostenible.
Por otro lado tiene costos políticos. Es normal y entendible que las y los maestros se manifiesten contra esta decisión. La sociedad zacatecana en su conjunto se solidariza con justos reclamos de que sus sueldos sean entregados en tiempo y forma, pero la oposición no dejó pasar la oportunidad de hacer leña del árbol caído, intentando culpar al actual gobierno de la quiebra en la que se recibió la administración del estado. Ante esto, la única estrategia viable es la de la máxima información para que no quede lugar a dudas de los motivos de esta crisis y del trabajo que se realiza para darle una solución de fondo.
Además del rescate financiero de la federación, el cambio en la política fiscal y la reestructuración de la administración que ya se ha anunciado con motivo de implementar la austeridad republicana, para eliminar lujos y gastos excesivos, también se ha planteado por personas expertas la posibilidad de un nuevo pacto fiscal que dé mayores obligaciones recaudatorias a los estados y municipios para eliminar la dependencia de las participaciones federales y ponga fin a lo que se conoce como pereza fiscal; en nuestro estado, esto dio como resultado que, para 2019, el 92.90 por ciento del financiamiento se haya obtenido con cargo al flujo de participaciones, el 0.03 por ciento con ingresos propios y el 7.07 por ciento con préstamos quirografarios.
Es verdad que los cambios no siempre son inocuos, pero también es verdad que poner un alto a la bola de nieve en la que se convirtieron las finanzas de la entidad implica que el gobernador asuma la responsabilidad por un fenómeno gestado en las pasadas administraciones, ya que representa una de las principales rupturas entre en el viejo y el nuevo régimen.
