/ jueves 25 de marzo de 2021

Fuera de Agenda | La zona gris de la criminalidad

¿Por qué los cárteles de la droga mexicanos entraron en guerra cuando el país puso fin al regimen de partido único? ¿Por qué han proliferado las guerras criminales a medida que la democracia se ha consolidado y las elecciones se han vuelto más competitivas a nivel subnacional?.

La respuesta a estas preguntas fueron dadas por Sandra Ley, profesora investigadora del CIDE, y Guillermo Trejo, profesor investigador de la Universidad de Notre Dame, en la presentación de su libro “Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico”, (“Votos, drogas y violencia: La lógica política de las guerras del crimen en México”), cuya edición en español está en curso.

En una charla virtual organizada por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, quedó claro que nada de lo que ha ocurrido a partir del año 2000 en el país, y que venía asomándonse desde mediados de los años 90, podría explicarse sin analizar la llamada “zona gris de la criminalidad”.

Trejo llamó la atención que entre los años 2010-2011 el país experimentó niveles de violencia mas altos de los que marcaron guerras civiles ocurridas en la segunda mitad del siglo XX. El trabajo desarrolla una teoría política sobre la violencia criminal. La tesis es que el crimen y el Estado no son esferas separadas, cuando se repasa la historia reciente las evidencias sobre los lazos salen a flote.

Ambas son esferas que se interceptan en la llamada “zona gris de la criminalidad”. Existen dos tipos de crimen: el del orden común que está afuera de esta zona, y el que se intercepta con el Estado en esta área. Este tipo de crimen basa su fortaleza en sus estructuras. En ellas existen agentes estatales, agentes del orden que no son parte de esta zona gris. Hay otros agentes estatales que viven, operan, en este ecosistema donde surge el crimen organizado. La zona gris es aquella donde se nutre, opera, y se logra controlar mercados ilícitos.

Los investigadores hablan de redes híbridas del crimen, donde convergen actores privados y actores estatales. Estas redes ya habian sido categorizadas por la inteligencia militar desde los años 90 como estructuras de protección política, económica-empresarial, de seguridad que van de las policías locales a elementos de las fuerzas armadas.

En su análisis indentifican a los actores que convergen en esta zona gris de la criminalidad como miembros de las fuerzas armadas, policías, servicios secretos, ministerios públicos, fiscalías y los directores de centros penitenciarios, es decir, el sector seguridad en su conjunto.

Las zonas grises existen en democracias pero su origen es común en regímenes autoritarios, es un rasgo que los investigadores encontraron en varios países de América Latina no solo en México.

Cuando el país inició su transición a la democracia primero en los estados y después en la presidencia en el año 2000, los actores centrales que eran parte de estas redes de protección se mantuvieron intocables.

La primera aportación de este libro es que la alternancia en el poder, la competencia electoral, la descentralización y fragmentación del poder político, fueron detonadores de la violencia. Saldo de una democracia deficitaria.

¿Por qué los cárteles de la droga mexicanos entraron en guerra cuando el país puso fin al regimen de partido único? ¿Por qué han proliferado las guerras criminales a medida que la democracia se ha consolidado y las elecciones se han vuelto más competitivas a nivel subnacional?.

La respuesta a estas preguntas fueron dadas por Sandra Ley, profesora investigadora del CIDE, y Guillermo Trejo, profesor investigador de la Universidad de Notre Dame, en la presentación de su libro “Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico”, (“Votos, drogas y violencia: La lógica política de las guerras del crimen en México”), cuya edición en español está en curso.

En una charla virtual organizada por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, quedó claro que nada de lo que ha ocurrido a partir del año 2000 en el país, y que venía asomándonse desde mediados de los años 90, podría explicarse sin analizar la llamada “zona gris de la criminalidad”.

Trejo llamó la atención que entre los años 2010-2011 el país experimentó niveles de violencia mas altos de los que marcaron guerras civiles ocurridas en la segunda mitad del siglo XX. El trabajo desarrolla una teoría política sobre la violencia criminal. La tesis es que el crimen y el Estado no son esferas separadas, cuando se repasa la historia reciente las evidencias sobre los lazos salen a flote.

Ambas son esferas que se interceptan en la llamada “zona gris de la criminalidad”. Existen dos tipos de crimen: el del orden común que está afuera de esta zona, y el que se intercepta con el Estado en esta área. Este tipo de crimen basa su fortaleza en sus estructuras. En ellas existen agentes estatales, agentes del orden que no son parte de esta zona gris. Hay otros agentes estatales que viven, operan, en este ecosistema donde surge el crimen organizado. La zona gris es aquella donde se nutre, opera, y se logra controlar mercados ilícitos.

Los investigadores hablan de redes híbridas del crimen, donde convergen actores privados y actores estatales. Estas redes ya habian sido categorizadas por la inteligencia militar desde los años 90 como estructuras de protección política, económica-empresarial, de seguridad que van de las policías locales a elementos de las fuerzas armadas.

En su análisis indentifican a los actores que convergen en esta zona gris de la criminalidad como miembros de las fuerzas armadas, policías, servicios secretos, ministerios públicos, fiscalías y los directores de centros penitenciarios, es decir, el sector seguridad en su conjunto.

Las zonas grises existen en democracias pero su origen es común en regímenes autoritarios, es un rasgo que los investigadores encontraron en varios países de América Latina no solo en México.

Cuando el país inició su transición a la democracia primero en los estados y después en la presidencia en el año 2000, los actores centrales que eran parte de estas redes de protección se mantuvieron intocables.

La primera aportación de este libro es que la alternancia en el poder, la competencia electoral, la descentralización y fragmentación del poder político, fueron detonadores de la violencia. Saldo de una democracia deficitaria.