En las últimas semanas, el movimiento conocido como “FRENA” (Frente Nacional Anti AMLO), encabezado en su mayoría por empresarios, ha acaparado los reflectores de todos los medios de comunicación y redes sociales, bajo la moción de que renuncie el Presidente de la República, López Obrador, a su encargo como titular de la Administración Pública Federal.
Las motivaciones de este movimiento social son muy variadas y, en gran medida, de explorado conocimiento para el mexicano: exigen la dimisión del Presidente, al no percibir resultados en materia de seguridad, educación, salud y empleos. Sin embargo, el escenario parece no adecuarse a los propósitos del referido movimiento, pese a que al día de hoy, ya se encuentra plantado en lo que corresponde a la Plaza de la Constitución, a escasos metros de donde a diario el titular del Ejecutivo se hace presente para dirigir la famosa “Conferencia Mañanera”.
Ante tal situación, surge el siguiente cuestionamiento: ¿Se actualizan los supuestos previstos en la legislación, para que proceda la renuncia del Presidente? La respuesta inmediata es no. Nuestra Constitución señala al respecto que, “el cargo de Presidente sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión”. Bajo esa tesitura, hay que entender que son muy particulares los delitos que se sujetan a la dichosa “causa grave”, más aun, algunos podrían considerar que solamente por traición a la patria, es decir, cuando se viera comprometida la soberanía del Estado Mexicano, resultaría oportuna la renuncia presidencial.
Siendo estrictos, eso es lo que la ley estipula, pero, como algunos dicen, en la realidad real, ¿hay elementos suficientes para considerar una posible renuncia del Presidente? Indudablemente, el gobierno en turno tiene mucho por hacer y poco que señalar a anteriores administraciones, ya transcurrió en demasía el tiempo para eximirse de responsabilidades. Si bien, aún no termina de cuajar la 4T, estamos por entrar al tercer año de labores y son los resultados, el cumplimiento efectivo a las demandas sociales y la correcta gestión de gobierno, lo que debe legitimar al actual mandato presidencial.
Como se advierte, la renuncia presidencial no tiene cabida en el entorno político vigente, no sólo por el sustento legal, sino que además, se observa lejano que el colectivo “FRENA” sea capaz de cobijar lo que en su momento 30 millones de mexicanos respaldaron de manera democrática. Aunque la aceptación del Presidente Obrador ha disminuido, sus responsabilidades no han cambiado, como dirigente de la nación, es su deber desempeñar su encargo con cabal observancia a la ley, sin olvidar los principios que guiaron su andar antes de asumir la presidencia.
Es evidente que persiste una atmósfera de malestar en diferentes sectores de la población, aquellos que se manifiestan están en su derecho legítimo para hacerlo, sin embargo, la renuncia del presidente no resolvería los problemas fácticos del país, por el contrario, significaría dar mayor incertidumbre e inestabilidad a una nación que lucha por levantarse, pero aun, sin mucho éxito.
