/ jueves 25 de julio de 2019

Impulso al desarrollo regional y migración

El gobierno federal estima en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, que los programas sociales sectoriales deben contar con una incidencia concreta en la mejoría de las condiciones de vida de las principales zonas expulsoras de mano de obra y que los proyectos regionales de desarrollo, deberán de generar las condiciones de vida aceptable. Derivado de lo cual, en la “Declaración de la Alianza del Pacifico”, firmada recientemente dentro de la XIV Cumbre en Lima Perú, los países integrantes incluyendo México se declararon abiertamente en contra de cualquier medida proteccionista en la economía internacional. Así como integraron dentro de sus prioridades los temas de medio ambiente y migración.

Por lo anterior, México considerando el contexto internacional y en base a los procesos migratorios recientes, ha venido examinando las grandes tendencias en los factores en éste tema, “tanto en su dimensión interregional, como hacia los Estados Unidos, con las especificidades del desarrollo social y económico”. Por ejemplo, se estima que en 2008, el colectivo de seis países (Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana) residentes en España, ascendía a 1,2 millones. En la actualidad la migración ha descendido a 620.000 personas. El mencionado estudio “no ha tomado en cuenta a la población de Argentina, Brasil y Venezuela”, ya que en los tres casos las monedas han sufrido procesos de devaluación muy importantes en los últimos ejercicios, que han eliminado la posibilidad de enviar remesas.

A su vez, en Zacatecas el impuesto ambiental es considerado un tema ya resuelto por la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN), mismo que presentó durante dos años, una impugnación del Ejecutivo Federal del impuesto ya mencionado. Por ello en la Conferencia del Medio Ambiente y Desarrollo Humano de las Naciones Unidas en Río de Janeiro, se propuso el principio de que “el que contamina paga”.

El año pasado en Zacatecas en materia de migración, se posesionó en el segundo lugar a nivel nacional, en el desplazamiento de sus connacionales hacia los Estados Unidos. El motivo principal, según un diagnóstico de INEGI, es por falta de oportunidades y escasez de recursos económicos principalmente. Considerando que esta información fue proporcionada por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), ya que el flujo migratorio se ha venido incrementado a una tasa del 2.1 por ciento anual.

En ésta Opinión expresamos que la disminución del dinamismo de las regiones, se basa en las crecientes desigualdades estatales, lo que genera asimismo una corriente migratoria en diversos países. Por ello, independientemente de los recursos económicos de las remesas recibidas de los migrantes a sus países de origen.

Es el momento de insistir en la propuesta existente de los gobiernos de los diversos Estados con vocación minera, de retornar los apoyos económicos para la infraestructura, contemplado en el Fondo Minero. Ante la falta de mecanismos e instrumentos de la nueva política económica y de desarrollo regional, anunciada en los primeros meses del nuevo gobierno federal.

El gobierno federal estima en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, que los programas sociales sectoriales deben contar con una incidencia concreta en la mejoría de las condiciones de vida de las principales zonas expulsoras de mano de obra y que los proyectos regionales de desarrollo, deberán de generar las condiciones de vida aceptable. Derivado de lo cual, en la “Declaración de la Alianza del Pacifico”, firmada recientemente dentro de la XIV Cumbre en Lima Perú, los países integrantes incluyendo México se declararon abiertamente en contra de cualquier medida proteccionista en la economía internacional. Así como integraron dentro de sus prioridades los temas de medio ambiente y migración.

Por lo anterior, México considerando el contexto internacional y en base a los procesos migratorios recientes, ha venido examinando las grandes tendencias en los factores en éste tema, “tanto en su dimensión interregional, como hacia los Estados Unidos, con las especificidades del desarrollo social y económico”. Por ejemplo, se estima que en 2008, el colectivo de seis países (Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana) residentes en España, ascendía a 1,2 millones. En la actualidad la migración ha descendido a 620.000 personas. El mencionado estudio “no ha tomado en cuenta a la población de Argentina, Brasil y Venezuela”, ya que en los tres casos las monedas han sufrido procesos de devaluación muy importantes en los últimos ejercicios, que han eliminado la posibilidad de enviar remesas.

A su vez, en Zacatecas el impuesto ambiental es considerado un tema ya resuelto por la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN), mismo que presentó durante dos años, una impugnación del Ejecutivo Federal del impuesto ya mencionado. Por ello en la Conferencia del Medio Ambiente y Desarrollo Humano de las Naciones Unidas en Río de Janeiro, se propuso el principio de que “el que contamina paga”.

El año pasado en Zacatecas en materia de migración, se posesionó en el segundo lugar a nivel nacional, en el desplazamiento de sus connacionales hacia los Estados Unidos. El motivo principal, según un diagnóstico de INEGI, es por falta de oportunidades y escasez de recursos económicos principalmente. Considerando que esta información fue proporcionada por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), ya que el flujo migratorio se ha venido incrementado a una tasa del 2.1 por ciento anual.

En ésta Opinión expresamos que la disminución del dinamismo de las regiones, se basa en las crecientes desigualdades estatales, lo que genera asimismo una corriente migratoria en diversos países. Por ello, independientemente de los recursos económicos de las remesas recibidas de los migrantes a sus países de origen.

Es el momento de insistir en la propuesta existente de los gobiernos de los diversos Estados con vocación minera, de retornar los apoyos económicos para la infraestructura, contemplado en el Fondo Minero. Ante la falta de mecanismos e instrumentos de la nueva política económica y de desarrollo regional, anunciada en los primeros meses del nuevo gobierno federal.

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