Recientemente trascendió que, durante el gobierno del exgobernador de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna, se archivaron 34 carpetas de investigación contra personas funcionarias públicas del estado por el desvío de 100 millones de pesos, los cuales prescribieron por la omisión de las autoridades responsables. Es decir, mediante el no ejercicio de los derechos procesales durante su administración, los delitos presuntamente cometidos en el Gobierno de su antecesor y aliado político habrían sido encubiertos para evitar la rendición de cuentas, la reparación del daño y las penas que debían imponerse a quienes resultaran responsables.
Esta es una de las razones principales por las que urgía una transición política auténtica en nuestra entidad, ya que, mediante la colusión y los pactos de impunidad, una misma clase política se mantenía en los puestos de toma de decisiones y manejo de recursos públicos evitando que salieran a la luz —y peor aún, que se sancionarán— los actos de corrupción en el estado.
De acuerdo con el Código Penal de Zacatecas, las acciones penales prescriben en un plazo mínimo de 3 años cuando amerita pena privativa de la libertad, y para los delitos más graves, en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción que corresponda. Por ejemplo, el cohecho que se castiga con penas que van de uno a 6 años de prisión, prescribe en 3 años y medio; y el peculado, que amerita prisión de 2 a 10 años, prescribe en un sexenio. ¿Será esto suficiente para alertar al Congreso sobre la necesidad de aumentar los plazos de prescripción o incluso establecer la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra la Hacienda Pública?
Sin perjuicio de lo anterior, es importante recordar que este tipo de conductas antijurídicas que han puesto en riesgo el futuro financiero del estado también implica responsabilidades en materia administrativa, en donde a nivel nacional la impunidad es aún mayor que en materia penal. De acuerdo con el estudio “La impunidad administrativa en México. La ineficiencia del sistema que genera impunidad” publicado este año, Zacatecas fue una de las 5 entidades que menos solicitudes de información respondió para fines estadísticos, por lo que hasta ahora no ha sido posible penetrar esa barrera de opacidad.
Por su parte, Humbelina Elizabeth López Loera, titular de la Secretaría de la Función Pública aseguró que, por instrucciones del gobernador David Monreal Ávila, se realizará un análisis, revisión y auditoría profunda al gobierno del estado de Zacateca, con lo que se pondría fin al pacto de impunidad. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que respaldará al gobernador para recuperar la liquidez de las finanzas y asegurar el pago de las nóminas de las y los trabajadores al servicio del estado. En otras palabras, la nueva gobernanza se construye sobre las ruinas del viejo régimen.
