El próximo 1º. de septiembre iniciará la nueva legislatura, la segunda de la llamada Cuarta Transformación. Dos serán los grandes rubros de los trabajos legislativos que se realizarán: primero, coadyuvar en el cumplimiento de los 100 compromisos presidenciales que nutrieron la plataforma política que llegó al poder en 2018.
Entre estos puntos se encuentra la aprobación de la ley reglamentaria de la revocación de mandato, que será uno de los primeros asuntos que la nueva legislatura tendrá que tratar, y es uno de los compromisos de campaña que divide ideológicamente. Por un lado, la oposición entiende este ejercicio de democracia participativa como una ratificación, que no debería aplicar para este mandato presidencial, sino para el siguiente. En conjunto con la autoridad electoral, tratan de posicionar la idea de que hacerlo no sirve de nada, sino que solamente costará una cantidad considerable de dinero a las y los mexicanos.
El enfoque de quienes apoyan la consulta es diametralmente opuesto. Se trata de regresarle a la ciudadanía el poder que confiere a las autoridades, de hacer funcional una democracia que antes era un espejismo. En este sentido, aunque es cierto que realizar la consulta representa un gasto significativo, más costoso será alimentar un sistema donde la democracia sea totalmente inservible.
El segundo rubro, además de los trabajos propios de ambas cámaras, será dar trámite a las nuevas propuestas de ley que el Ejecutivo Federal ha anunciado: la reforma electoral, la eléctrica y la de la Guardia Nacional. Esta última es la más polémica, pues intentará que la Guardia Nacional pase a formar parte de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Comandancia de recién creación. Sin duda, uno de los grandes pendientes de esta administración es la restauración de la paz, y esta reforma es parte de la nueva estrategia para hacerlo, pero no se puede dejar de lado que se trataría de un cambio que dotaría de carácter militar a un organismo que fue concebido como civil, algo que difícilmente ayudaría a lograr la desmilitarización del país.
La próxima será también una legislatura donde el diálogo y los consensos cobrarán mayor importancia, pues Morena y sus aliados tendrán un número menor de parlamentarios que hace tres años. Esto augura que la aprobación de las iniciativas tendrá que pasar por un proceso de mayor discusión, lo cual representará una oportunidad para alejar la polarización y buscar puntos de encuentro, algo sumamente valioso, si tenemos en cuenta que la única manera en la que México puede recuperarse de los efectos ocasionados por la pandemia, será mediante la creación de mecanismos que generen bienestar para la población, sin poner en riesgo la estabilidad política y social.
