Decía Ulpiano, el egregio jurista romano, que justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada quien lo que le corresponde. La impunidad es la enemiga principal de la justicia y de un sólido Estado de Derecho, por eso debemos combatirla en cualquiera de sus niveles.
Desde el inicio del presente gobierno, la ciudadanía ha estado a la expectativa de juzgar a los expresidentes. A raíz del proceso penal que se le sigue al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en donde atribuye a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa, la comisión de diversos actos de corrupción, se ha reavivado en la opinión pública este tema.
Para realizar la consulta popular, la Constitución Mexicana establece en su artículo 35 el procedimiento a seguir. La consulta puede ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o bien de la ciudadanía en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta y el Instituto Nacional Electoral será la única instancia a cargo de su organización.
El pueblo nunca se equivoca. Existe el clamor de justicia. Nunca más impunidad por parte de los altos funcionarios públicos ni muchos menos del primer mandatario de nuestro país.
La gran demanda social de enjuiciar a los expresidentes que incurrieron en actos de corrupción y causaron un gran daño a la imagen y patrimonio de la nación debe atenderse con la mayor prontitud. Quienes se beneficiaron y abusaron de sus puestos públicos, se vincularon y protegieron a la delincuencia organizada, amasaron grandes fortunas en detrimento del bienestar de los mexicanos deben ser sometidos a juicio para que se les aplique la ley y se imparta justicia.
Para reescribir la historia, sería conveniente avalar la iniciativa de convocar al pueblo de México a expresar su opinión si se debe de investigar y en su caso juzgar penalmente por actos de corrupción y otros delitos, a quienes debieron de conducir los destinos del país, desde 1988 a 2018.
Debemos avalar que la ciudadanía participe en la toma de decisiones de los principales temas nacionales. Por un Estado de Derecho que garantice con apego la legalidad. Darle a cada quien lo que le corresponde. La consulta va.
