En la actualidad, la oposición está representada por aquellos que dejaron en crisis al Estado mexicano. Su discurso es ambivalente, recalcitrante y mezquino. En la práctica, observamos gobernadores que claman por un nuevo pacto federal, se oponen a la conformación de un nuevo sistema de salud o cuestionan la acciones para combatir el Covid-19. Tan es así que han conformado la Alianza Federalista contra el Gobierno de México.
En esta transición política que vive el país, los reflectores mediáticos se han enfocado particularmente al quehacer del gobierno federal. Sin embargo, la gobernanza no es tarea exclusiva de una administración. La ciudadanía debe evaluar todos los niveles de gobiernos.
De acuerdo al documento Índice de Competitividad Estatal 2020 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), 16 entidades, es decir, la mitad del país, están lejos de alcanzar un desempeño aceptable en rubros como medio ambiente, economía, servicios financieros, sistema político, salud, programas sociales, entre otros.
Es de llamar la atención que de los 16 gobernadores reprobados, 12 son de oposición; mandatarios que han cuestionado la política del presidente Andrés Manuel López Obrador pero que en los hechos, no están cumpliendo con la labor que la ciudadanía les encomendó. Caso contrario, el Gobierno de la Ciudad de México, obtuvo el primer lugar en desempeño.
Respecto a López Obrador, es innegable que se requieren más acciones para concretar la transformación de México. Pero no podemos negar que en los primeros meses se han impulsado diversas reformas y políticas públicas para atender demandas históricas del pueblo mexicano.
Para contribuir desde mi labor legislativa, presentaré una iniciativa donde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconozca el derecho al buen gobierno. El objetivo es que todas las instituciones públicas otorguen resultados medibles y comparables en base al ejercicio de su presupuesto.
El buen gobierno o una efectiva administración pública, engloba prácticas impulsadas y reconocidas por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.
Para Platón, el mejor gobierno es el que permite que se viva de la mejor manera posible la vida de uno mismo. En términos contemporáneos, el buen gobierno es aquél que garantiza los derechos humanos de sus ciudadanos, permitiendo alcanzar la dignidad y el pleno bienestar. No cabe duda que el postulado del filósofo griego, debería ser la hoja de ruta de todos los gobernadores del país, sin importar su filiación política.
