/ lunes 10 de agosto de 2020

La decisión el Consejo Universitario

Cuando se hace una interpretación jurídica de una ley fuera de la universidad, causa conflicto, pleito, hay algunos que tienen hasta veinte años o más para contar con una sentencia; las diversas interpretaciones que hacen cada una de las partes se dirigen a un juez, y es este el que toma la decisión justa, pero con frecuencia no deja conforme a una de las partes y apelan una segunda instancia, etcétera.

En la universidad no hay un juez, aunque sí un tribunal universitario para conocer sobre asuntos internos previstos en la ley orgánica, en el estatuto o en reglamentos; este tribunal funcionó al principio con cierta agilidad, pero luego su funcionamiento se hizo muy lento cuando sus miembros solicitaron que todo se hiciera por escrito. Ignoro si en la actualidad siga funcionando como lo acabo de decir.

En nuestra universidad hay una larga tradición de no observar nuestra propia legalidad y eso lo sabe la Federación, la SEP y otras instancias; esta tradición de no acatar la legalidad interna que nos rige, ha complicado crecientemente los problemas internos, algunos se vuelven crónicos y otros aparecen como conflictos que estallan en manos de los dirigentes y en presencia nuestra.

En este contexto acabado de describir ubico la decisión que adoptó el consejo universitario recientemente para darle continuidad al rector Antonio Guzmán, a los directores, a los consejos de unidad y al propio consejo universitario. El argumento legal del rector es que el consejo universitario terminaría con él y no antes, que puede tomar una decisión ante un problema que nadie previó como éste, y ser legalmente válida.

Hay otras interpretaciones que pudieran tener razón y presentarse al órgano colegiado que decide, para su discusión, convocar a los consejeros a tomar una posición en beneficio de la universidad como un todo.

¿Qué sucede si le pedimos al rector que renuncie, nos toma la palabra y se va? Hay experiencias que nos ayudan a reflexionar una salida razonable. Cómo no recordar al rector Díaz Casas, al que en pleno conflicto una pequeña parte de las fuerzas que lo apoyaban lo presionó con una pequeña marcha, y renunció. El conflicto se agravó como nunca en 1977 y los docentes nos quedamos sin cobrar durante seis meses, una sola quincena.

Mi posición es esta: cuando los universitarios dejamos que los problemas se compliquen cada vez más, nos colocan a todos ante la necesidad de rescatar la precaria institucionalidad existente, las reglas del juego mínimas para continuar funcionando como institución. Como se puede concluir, estoy de acuerdo con la reciente decisión que tomó el consejo universitario, pensando en el beneficio de todos los universitarios.

Cuando se hace una interpretación jurídica de una ley fuera de la universidad, causa conflicto, pleito, hay algunos que tienen hasta veinte años o más para contar con una sentencia; las diversas interpretaciones que hacen cada una de las partes se dirigen a un juez, y es este el que toma la decisión justa, pero con frecuencia no deja conforme a una de las partes y apelan una segunda instancia, etcétera.

En la universidad no hay un juez, aunque sí un tribunal universitario para conocer sobre asuntos internos previstos en la ley orgánica, en el estatuto o en reglamentos; este tribunal funcionó al principio con cierta agilidad, pero luego su funcionamiento se hizo muy lento cuando sus miembros solicitaron que todo se hiciera por escrito. Ignoro si en la actualidad siga funcionando como lo acabo de decir.

En nuestra universidad hay una larga tradición de no observar nuestra propia legalidad y eso lo sabe la Federación, la SEP y otras instancias; esta tradición de no acatar la legalidad interna que nos rige, ha complicado crecientemente los problemas internos, algunos se vuelven crónicos y otros aparecen como conflictos que estallan en manos de los dirigentes y en presencia nuestra.

En este contexto acabado de describir ubico la decisión que adoptó el consejo universitario recientemente para darle continuidad al rector Antonio Guzmán, a los directores, a los consejos de unidad y al propio consejo universitario. El argumento legal del rector es que el consejo universitario terminaría con él y no antes, que puede tomar una decisión ante un problema que nadie previó como éste, y ser legalmente válida.

Hay otras interpretaciones que pudieran tener razón y presentarse al órgano colegiado que decide, para su discusión, convocar a los consejeros a tomar una posición en beneficio de la universidad como un todo.

¿Qué sucede si le pedimos al rector que renuncie, nos toma la palabra y se va? Hay experiencias que nos ayudan a reflexionar una salida razonable. Cómo no recordar al rector Díaz Casas, al que en pleno conflicto una pequeña parte de las fuerzas que lo apoyaban lo presionó con una pequeña marcha, y renunció. El conflicto se agravó como nunca en 1977 y los docentes nos quedamos sin cobrar durante seis meses, una sola quincena.

Mi posición es esta: cuando los universitarios dejamos que los problemas se compliquen cada vez más, nos colocan a todos ante la necesidad de rescatar la precaria institucionalidad existente, las reglas del juego mínimas para continuar funcionando como institución. Como se puede concluir, estoy de acuerdo con la reciente decisión que tomó el consejo universitario, pensando en el beneficio de todos los universitarios.