Las elecciones de rector del viernes cinco de febrero arrojó una votación de cinco mil votos para la Dra. Tere Villegas y de doce mil para el Dr. Rubén Ibarra Reyes en números redondos. Esta votación puede tener múltiples interpretaciones sin que alguna signifique falta de respeto para la Universidad. Con menos votos que hubieran obtenido sería una elección legal e institucionalmente valida, pero una Universidad que tiene tantas transformaciones pendientes que se han dejado acumular necesita legitimidad. Si no la obtuvo con esta votación la puede lograr con las transformaciones mismas que valla realizando.
Cuando hablamos de transformaciones nos referimos a las tareas que habrán de realizar en todo el cuatrienio para que entreguen una Universidad mejorada por completo, en comparación con la que acaban de recibir y este plazo llega pronto, mucho mas pronto de lo que ahora está pensando el nuevo rector y su equipo. Ya no será convincente ni para el equipo que entra al relevo, ni para franjas más amplias de Universitarios salir con el sofisma de que “primero atendemos lo urgente y luego lo necesario” como si no fueran dos faces de un mismo proceso.
Por supuesto que tienen que gestionar recursos económicos para cumplir los compromisos contraídos, pero ya no podemos aceptar que un rector se dedique sólo a eso y sigamos con el cuento de nunca acabar. Cada vez son más Universitarios con mucho malestar por no ver alternativas para estudiar una profesión de la que puedan vivir el resto de sus vidas, y la nueva rectoría y su equipo están obligados a atender la fuente de ese malestar Universitario.
Lo que estoy insinuando es que se necesita con urgencia una propuesta académica de fondo que vaya aparejada con los cambios que se están gestando en el país. El Gobierno Federal parece no tener claro el modelo de Universidad pública de la que el país necesita, y las iniciativas que tomaron desde el principio sobre las Universidades públicas no se ve ahora que entusiasmen ni a los autores intelectuales de las mismas.
La propuesta académica implica ampliar la oferta educativa para los jóvenes y puedan vivir el resto de sus vidas de la carrera que escojan; esta propuesta académica tendrá que surgir desde dentro de la propia universidad. El Estado Mexicano y el Gobierno del Estado en turno, tienen voz y voto para decidir sobre el contenido de la propuesta académica porque son los que subsidian la existencia de la universidad pública; pero no ejercerán su voz y voto sin los universitarios de la propia universidad.
