De acuerdo a los resultados de la Auditoría practicada por la Superior del Estado a la Secretaría de Educación en el ejercicio 2016, se desprende que actuales funcionarios del gobierno de David Monreal Ávila, están a punto de ser inhabilitados y procesados por diversas anomalías que pudieran tipificarse como delitos graves en materia administrativa, y que podrían, incluso llevar a la cárcel, a algunos de los servidores públicos ahí citados.
Con fecha dos de diciembre del 2021, la Auditoría emitió el acuerdo de radicación, una vez visto el informe de solventación derivado del pliego de observaciones numero ASE-PO-AF-SEDUZAC-2016-058/2017, mediante el cual, se determina el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, a exfuncionarios de la dependencia, que unos días antes de ese acuerdo, asumieron funciones en sus nuevas responsabilidades gubernamentales dentro de la 4T.
Entre algunas de las anomalías detectadas y no solventadas, es que no cumplieron con una jornada laboral de ocho horas y no mostraron la evidencia de que sus horarios y jornadas en la secretaria y otras dependencias no divergen entre sí, esto aunado al hecho de que desempeñan más de un empleo, cargo o comisión remunerados en el sector público, circunstancia que se puede calificar como un acto de corrupción.
Por todo ello, se señala a María de Lourdes Solano Martínez, a quien colocan en la próximas horas, como posible directora de la Escuela normal “Manuel Ávila Camacho”, como la fundamental actora que deberá responder por el desfalco al erario público, por más de 103 millones de pesos.
Esa es la herencia maldita que no le han informado al gobernador David Monreal.
Sumado a ello, encontramos otros, como José Honorio Jiménez, quien, desde finales del año pasado, se desempeña, o al menos eso intenta, como director del Centro de Actualización del Magisterio, y que en la auditoría 2016 aparece como como director de formación docente y calidad educativa, no cabe duda que tuvo mucha calidad, pero para engañar a los zacatecanos. Y Hoy intenta cobijarse en la 4T
También, está Ana Lilia Rojas Vázquez, entonces jefa del departamento de personal de la Seduzac quien es la autora intelectual del otorgamiento de las plazas homologadas fuera de la ley, a quienes decidieron beneficiar en esa administración, por indicaciones de la entonces secretaria de educación.
Ella actualmente, tendrá que responder por esos 103 millones de pesos que le faltan a los zacatecanos, desde su encargo como coordinadora administrativa de la SEDUVOT. No cabe duda que la corrupción tiene suerte.
La tarea ahora es de Humbelina López Loera, quien tiene toda la información desde agosto del año pasado. Aun así permitieron el nombramiento a estos funcionarios y muchos otros a pesar de todas las anomalías probadas. Esperemos que rectifiquen el camino. Los presuntos corruptos siguen en la función pública como herencia maldita.
