En próximos días, nuestro país experimentará su primera consulta popular a nivel nacional, como resultado de la política anticorrupción que encabeza el Gobierno Federal, misma que fue estandarte de campaña durante las elecciones de 2018, para enjuiciar a los ex presidentes de México.
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Es la pregunta que, finalmente, aprobó la Suprema Corte de Justicia, luego de que conforme a la Ley Federal de Consulta Popular, el Presidente de la República presentara formalmente su petición para la realización de la misma y, tras varias adecuaciones, ésta haya sido considerada constitucional y legal, al no presentar características tendenciosas u obscuras y por el contrario tener un lenguaje neutro, sencillo y comprensible que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.
A propósito de la consulta, desde que inició la jornada para su realización y hasta el día de hoy, se han acentuado las críticas y los debates, a favor y en contra, en torno al referido ejercicio democrático. Resulta complejo determinar si la consulta habrá de servir efectivamente para los motivos que la originaron, lo anterior, porque contrario a lo que dispone la ley, no es un planteamiento claro, y aún cuando su promoción ha sido encaminada únicamente hacia los ex presidentes, con la reformulación que estableció la SCJN, cualquier funcionario o servidor público que durante su encargo haya presentado irregularidades, entrará en el supuesto jurídico que plantea la consulta. De igual manera, para que la consulta sea vinculante y pueda surtir sus efectos, es requisito indispensable participen, al menos, el 40% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, lo cual entraña la necesidad de 37 millones de votos de mexicanos que atiendan al llamado democrático.
Sin embargo, el principal problema que implica la consulta no tiene que ver con el índice de participación que cumpla con el sufragio el próximo 1 de agosto, o si ya prescribieron, para algunos, los delitos de los que se les acusa; claramente la impunidad y la corrupción de las anteriores administraciones son un malestar que exigimos llegue a sus últimas consecuencias, y en ello todas y todos estamos de acuerdo, sino que radica en un discurso que ha acompañado a la campaña de la consulta desde sus umbrales: la justicia no se consulta. Y es que si alguien es responsable de la comisión de un delito, no es necesario se recurra a un ejercicio millonario para su enjuiciamiento, basta con la presentación de la denuncia correspondiente y de las pruebas que la acrediten.
Evidentemente no todo está mal, la consulta popular puede significar un parte aguas para la creación de otros mecanismos que permitan la investigación de actos de corrupción e impunidad, con el respaldo y la participación continuada del pueblo en el ejercicio del poder.
