Luego de que el pasado 19 de noviembre de 2020, el Pleno del Senado de la República, como cámara de origen, aprobaba el dictamen por el cual se expedía la Ley para la Regulación del Cannabis, tocó turno a la Cámara de Diputados para hacer las veces de cámara revisora, a efecto de analizarlo, discutirlo y en ese tenor, dictaminar su aprobación o negación.
En cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de 2019, en la que se declara inconstitucional la prohibición absoluta del uso personal de la marihuana, por fin se logró discutir en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el dictamen presentado por el Senado, una vez que las comisiones de justicia, salud y estudios legislativos aprobaran, en lo general, un nuevo dictamen.
Este nuevo dictamen modifica ciertas disposiciones, que en un primer momento se habían planteado desde la cámara de origen, especialmente el tema de las cantidades de posesión permitidas para el consumo personal y aquellas que se consideran narcomenudeo. Sin embargo, no se han eliminado los principales defectos de la iniciativa, puesto que continúa la criminalización a los usuarios, el delito de cultivo para personas de escasa instrucción y extrema necesidad, la excesiva burocracia en la fijación de los lineamientos y requisitos para el autocultivo, además de que mantiene estándares de tolerancia que resultan sumamente confusos, debido a que es complejo saber cuándo se está frente a la comisión de un delito y cuándo frente a una falta administrativa.
Como ha quedado en evidencia, el sector rural y campesino es una de las esferas sociales más golpeadas y olvidadas cuando de marihuana se trata. Desde aquellos que por su condición y necesidad se mantienen económicamente de ella, hasta aquellos que la padecen, y no por adicción, sino por las consecuencias que el mercado ilegal del narcotráfico trae consigo.
Hasta el día de hoy, han sido tres años de actividad legislativa en torno a la legalización del uso lúdico e industrial de la marihuana. Es una situación que guste o no, debe regularse, ya que representa una problemática social que demanda urgentemente soluciones. Por la naturaleza de la determinación tomada por la Cámara de Diputados, al tratarse de un nuevo dictamen, con las particularidades y diferencias respecto del que recibió, éste deberá turnarse nuevamente al Senado para que lo revise y apruebe a más tardar el 30 de abril del presente año, en atención a la tercera prórroga que la SCJN ha concedido al Congreso de la Unión para que cumpla con su ejecutoria.
El Senado aún puede, en el mejor de los casos, corregir las deficiencias y aprobar un dictamen congruente con las necesidades del país, o bien, mandar el proyecto a la “congeladora”, así como los muchos otros temas que merecen atención y siguen postergados. El tiempo nos dirá lo que sigue.
